La discusión por el presente y el futuro del sistema de salud no es exclusiva de la Argentina, aun cuando el tema toma gran relevancia en este clima electoral con algunos candidatos que proponen cambios drásticos en el financiamiento, como Javier Milei.
Quién paga, quién cobra, quién presta los servicios, quién decide qué tratamientos se cubren, de quién son los hospitales, cómo se regula y, sobre todo, a quién se culpa cuando los ciudadanos se pierden en los laberintos de la burocracia y las desigualdades de acceso a la salud, son todos temas centrales en las estrategias y políticas de Estado de todos los países del mundo. Claro, con matices. En la Argentina, el desfinanciamiento sistemático es la estrella.
Acabo de realizar un curso intensivo en la prestigiosa Universidad de Oxford, la mejor del mundo, con esa temática. Allí asistieron líderes del sector de la salud para aprender y compartir sus experiencias en cada país en el que tienen impacto desde diferentes ámbitos. Médicos, representantes de laboratorios, financiadores, funcionarios de ministerios de Salud, titulares de obras sociales y prepagas, responsables de hospitales públicos, proveedores de sistemas privados y comunicadores, entre otros.
En Oxford todo es de primer nivel, no casualmente el valor de una matrícula para una carrera universitaria o de posgrado cuesta alrededor de 30.000 libras para extranjeros. El entorno y la arquitectura de esta Universidad compuesta por 39 colleges de casi 1000 años de antigüedad es premium, tanto como sus docentes. Los expositores y responsables del curso al que asistí, el Programa internacional para líderes y profesionales de salud, no fueron la excepción.
Esos expertos aseguraron que sistemas como el inglés -gratuitos, extensivos y con fuertes regulaciones e intervención del Estado- aun con todas las complejidades que presentan son aceptados ‘como una religión'. Así lo explicó el Dr. Bernard Crump, el primer CEO del Instituto de Innovación de la NHS (el servicio nacional de salud de Reino Unido por sus siglas en inglés), en referencia a que nadie discute el sistema y es un orgullo extendido en la población.
La gratuidad está aceptada conceptualmente como tal, aunque existen copagos para tratamientos que hoy cubrirían la mayoría de las obras sociales y prepagas argentinas, por ejemplo. Un adicional que hoy además, en la Argentina está completamente masificado, a pesar de estar prohibido.
La judicialización extendida en la Argentina, lo que se conoce como tratamientos que se cubren por ‘amparo', lo cual afecta el financiamiento del sistema y además enreda las prácticas sumando complejidades, no es un problema relevante en el Reino Unido. Allí funciona una agencia de evaluación de tecnologías, que aprueba o rechaza nuevos medicamentos y tratamientos disponibles en el mercado. Una entidad que en líneas generales se multiplica en otros sistemas de salud donde prima lo privado o lo público, o conviven ambos.
En la Argentina, con un sistema múltiple, superpuesto y complejo, esa entidad existe. Es la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Excelencia Clínica, un organismo desconcentrado dependiente del Ministerio de Salud Nacional, que realiza evaluaciones y emite recomendaciones técnicas sobre la incorporación, desinversión, forma de uso, financiamiento y cobertura de las tecnologías sanitarias empleadas en el sistema de salud bajo dimensiones éticas, médicas, económicas y sociales.
Todavía en la práctica, se esperan sus resultados, pero todos los expertos aseguran que es una herramienta central para ordenar las cuentas de los financiadores del sector. Y evita el colapso judicial por coberturas.
Financiar la demanda (los pacientes) en vez de la oferta como sucede hoy, una idea que el candidato a presidente más votado en las PASO sugirió, es una práctica tan aceptada como discutida en el mundo, según los expertos de Oxford.
Michael Drummond, profesor de Economía de la salud, dijo que ese tipo de herramientas funciona pero no disminuyen sino, en muchos casos, aumentan el gasto en salud de los países.
