La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a cargo de Raquel Buenrostro, determinó la inhabilitación de tres empresas proveedoras del Gobierno Federal, las cuales no podrán participar, de manera directa ni indirecta, en procesos de contratación con la Administración Pública.
A través de un comunicado, la dependencia informó que las sanciones recaen sobre Guardería Infantil San Nicolás, A.C.; Just Implant, S.A. de C.V.; y CISM, S.A. de C.V.
En el caso de Guardería Infantil San Nicolás, el Órgano Interno de Control del IMSS impuso una multa de 134,664 pesos y una inhabilitación por seis meses, tras detectar que la asociación proporcionó información falsa durante la ejecución de un contrato relacionado con el cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social.
Por su parte, Just Implant fue acreedora a una multa de 577,320 pesos y a una inhabilitación de un año, luego de comprobarse que presentó información falsa en un procedimiento de contratación para el suministro de material de osteosíntesis y endoprótesis.
En tanto, la empresa CISM recibió una sanción económica de 144,330 pesos y una inhabilitación por tres meses, debido a que no formalizó, sin justificación válida y por causas atribuibles a la propia empresa, dos contratos que le habían sido adjudicados tras participar en una licitación pública.
Dichos contratos estaban destinados a la prestación de servicios de mantenimiento y rehabilitación de oficinas y áreas administrativas de inmuebles bajo la administración de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural durante el ejercicio fiscal 2022. La notificación de esta sanción se efectuó el 12 de diciembre.
Detalles de la inhabilitación de la Secretaría Anticorrupción en México
El organismo señaló que las empresas sancionadas ya fueron incorporadas al Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que les impide celebrar nuevos contratos con el Gobierno de México.
Asimismo, precisó que las personas morales tienen la posibilidad de impugnar las resoluciones; no obstante, la dependencia aseguró que defenderá las sanciones impuestas, al considerar que fueron aplicadas conforme a derecho y en resguardo del interés público.
