La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el litigio fiscal de Grupo Salinas detonó una ola de inquietud jurídica y económica que ahora se extiende a corporaciones multinacionales y a buena parte del sector exportador del país. En el corto plazo, el máximo tribunal deberá pronunciarse sobre controversias fiscales de gran escala que involucran a Samsung Electronics y a ocho empresas maquiladoras, todas vinculadas a un cambio de criterio del Servicio de Administración Tributaria (SAT) respecto al cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA). La resolución de estos casos podría redefinir la relación entre el Estado mexicano y el sector productivo. El debate de fondo gira en torno a la estabilidad de las reglas fiscales. Para empresarios e inversionistas, los fallos serán una señal sobre el rumbo de la política fiscal en los próximos años. La sentencia adversa para Grupo Salinas consolidó una interpretación que, desde la postura de organismos empresariales, privilegia la recaudación fiscal por encima de la certidumbre jurídica. Este criterio ahora se proyecta sobre litigios pendientes que podrían representar más de 50,000 millones de pesos en conjunto. Se destaca el caso de Samsung Electronics, ya que el SAT reclama 6,714 millones de pesos por presunto IVA no retenido entre 2019 y 2023. También se suma la controversia de ocho fábricas locales que solicitan la devolución de IVA; de prosperar sus demandas, el impacto para las finanzas públicas superaría los 46,000 millones de pesos, según datos expuestos en sesiones públicas de la Corte. Se trata de un mecanismo que por más de dos décadas permitió a empresas importar insumos de manera temporal sin pagar IVA, siempre que los productos finales se destinaran a la exportación. La disputa actual en México surge a partir del uso del pedimento V5, que ampara las “exportaciones virtuales”. Esto implica operaciones entre empresas IMMEX en las que la mercancía no sale del país, pero continúa su proceso productivo antes de su exportación definitiva. Durante años, este procedimiento contó con el aval de la autoridad fiscal. Sin embargo, en 2019 el organismo fiscal modificó su interpretación y determinó que, si los bienes permanecen en territorio nacional, deben pagar IVA, aun cuando jurídicamente también se consideren importados. Esto implica una doble carga tributaria. Samsung y las maquiladoras sostienen que las exportaciones virtuales no generan valor agregado en el mercado interno y que gravarlas vulnera los principios de equidad fiscal. Además, argumentan que aplicar este nuevo criterio de forma retroactiva atenta contra la seguridad jurídica, al alterar reglas que fueron aceptadas por la propia autoridad durante años. El SAT, por su parte, afirma que el esquema fue utilizado de manera indebida y facilitó prácticas de evasión fiscal, por lo que considera legítimo el cobro del impuesto.