El mito del gusto gringo: por qué el tomate mexicano sigue en la mira de EEUU
En las discusiones de comercio internacional, los detalles aparentemente técnicos se suelen esconder duras batallas proteccionistas. Un reciente informe de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC, por sus siglas en inglés) pone en evidencia cómo la evaluación regulatoria del comportamiento del consumidor puede definir el destino de miles de millones de dólares en exportaciones agrícolas.
Es decir, en gustos se rompen, o uniforman géneros y hasta se dicta política pública.
Esto porque el informe, elaborado por los comisionados salientes de la USITC, Amy Karpel y Jason Kearns, concluye que los consumidores estadounidenses no muestran una preferencia significativa por los jitomates madurados en planta frente a las variedades verdes maduras (mature green).
La distinción es el pilar central del conflicto: la defensa de los productores y exportadores mexicanos sostenía que la demanda en EE.UU. había virado decisivamente hacia jitomates de invernadero y madurados en mata, un sector dominado por México, lo que desvincularía su éxito del impacto sobre los cultivos de campo abierto tradicionales de Florida.
Esta resolución forma parte del cierre de una revisión por “circunstancias cambiantes” (changed circumstances review) solicitada por empresas mexicanas. El recurso se activó luego de que Estados Unidos decidiera retirarse del histórico Acuerdo de Suspensión del Tomate, un pacto vigente durante décadas que detenía las investigaciones antidumping a cambio de precios mínimos de referencia. Al rechazar la premisa de que existe una diferenciación real en el gusto del consumidor, la USITC desestimó el argumento mexicano y dejó la vía libre para respaldar la continuidad de los aranceles antidumping sobre el jitomate azteca.
El impacto económico de esta decisión es masivo. México exporta anualmente a EE.UU. entre 1.8 y 2.06 millones de toneladas métricas del fruto, lo que representan más del 90% de sus importaciones de este producto, con un valor que oscila entre los 3,100 y 3,340 millones de dólares.
Pese a que más del 80% del producto mexicano proviene de agricultura protegida e invernaderos que garantizan calidad y disponibilidad todo el año, Washington determinó que ambos tipos de tomate compiten en el mismo renglón dentro del canal minorista y gastronómico.
Este fallo sienta un precedente crítico para el comercio agroalimentario hemisférico. Demuestra que, en el actual clima de política comercial estadounidense, apelar a la evolución del mercado o a la superioridad productiva de la agricultura protegida no basta para neutralizar las demandas por competencia desleal.
El espejismo del decoupling y la paradoja mexicana
Siguiendo con Washington y comercio exterior en el marco del T-MEC, hay una historia muy cómoda que en EE.UU. les encanta: la idea de que los aranceles punitivos lograron cortar el cordón umbilical que unía a la economía estadounidense con la manufactura china. Los números de la aduana parecen darles la razón a primera vista, ya que las compras directas a Beijing cayeron en picada y México escaló al primer puesto como proveedor de Estados Unidos, ganando 2.3 puntos de cuota de mercado entre 2017 y 2025. Sin embargo, cuando se rasca la superficie de la cadena de valor global, ese supuesto divorcio resulta ser poco más que un truco de contabilidad.
En un reciente análisis, el Peterson Institute for International Economics (PIIE) deja claro que la industria norteamericana no se independizó de Asia, simplemente cambió la ruta del contenedor. En ello, México asumió de lleno el papel de “país conector”, importando piezas e insumos chinos, procesándolos o ensamblándolos en sus plantas y enviando el producto final al norte al amparo del T-MEC.
Esa carambola comercial impulsó la narrativa del nearshoring, pero también desató la furia de la Casa Blanca bajo la administración Trump. De hecho, el propio Donald Trump no dudó en amenazar con aranceles del 100% o hasta 200% a vehículos fabricados en México si contaban con inversión o componentes chinos, acusando al país de ser un “trampolín” para el transbordo de mercancías.
Más recientemente, Washington ha insistido en señalar lo que califica como la “gran estafa del transbordo” (The Great Transshipment Scam), acusando a más de 40 países, con México en el punto de mira, de “lavar” exportaciones chinas mediante ensamblajes mínimos para evadir impuestos.
De acuerdo con el PIIE, es verdad que existen sectores expuestos en México, como el de equipo eléctrico y óptico, donde el 13% del valor exportado desde el país sigue siendo de origen chino. Sin embargo, reducir el fenómeno a una simple estafa aduanera es erróneo. A diferencia de competidores como Vietnam, donde el contenido chino en ciertos giros roza el 30% y se disparó tras el inicio de la guerra comercial, en México la presencia de insumos asiáticos es bastante moderada y se mantiene por debajo del 10% en casi todos los rubros, ha señalado la Secretaría de Economía, así como el estado de Jalisco, donde se asienta el llamado Silicon Valley mexicano.
En realidad, no hay un desembarco masivo de “etiquetado falso”, sino una integración manufacturera genuina, aunque dependiente de componentes clave que hoy solo China fabrica a escala.
Para blindarse ante la amenaza de aranceles punitivos, los impuestos extraordinarios aplicados para encarecer las importaciones de un país específico, México busca equilibrar la balanza. El país ha endurecido las auditorías sobre las reglas de origen del T-MEC para garantizar un alto porcentaje de contenido regional y ha elevado sus propios aranceles a países sin tratado comercial para desincentivar la importación desmedida de insumos asiáticos.
El verdadero peligro no es la presencia de estos componentes, sino la tentación en Washington de aplicar garrote y cerrar el paso a los insumos intermedios. Ahogar el comercio transfronterizo con inspecciones asfixiantes no va a repatriar fábricas a suelo estadounidense; solo encarecerá la producción en Norteamérica y dejará a las empresas locales en desventaja.
México y el T-MEC frente al fantasma del acero chino
En medio de la habitual catarata de números de la temporada de reportes corporativos, la llamada de resultados del segundo trimestre de Metalúrgica Gerdau dejó caer un dato clave para entender cómo viene la mano en la geoeconomía de Norteamérica. Mientras en Wall Street los analistas obsesionados con el corto plazo escudriñaban márgenes y precios de scrap, Gustavo Werneck, CEO de la gigante siderúrgica, envió un mensaje contundente sobre la revisión del T-MEC: no hay por qué caer en el alarmismo.
Las conversaciones entre Washington, Ciudad de México y Ottawa avanzan a paso firme en un plano técnico, enfocadas en dos arterias vitales para la región: el acero y la industria automotriz.
El meollo del asunto no es frenar el comercio transfronterizo, sino ponerle un candado de alta seguridad a la puerta trasera. México busca afilar sus herramientas arancelarias para evitar la triangulación de acero proveniente de China y otros países asiáticos, un tema que quita el sueño a los industriales norteamericanos.
Lejos de anticipar fricciones desastrosas para el comercio regional, Gerdau prevé que el acuerdo traerá “más noticias positivas que negativas”. A diferencia del golpe que sufre Brasil por la marea de importaciones baratas, el mercado norteamericano muestra una resiliencia envidiable. La demanda insaciable de perfiles de acero para megaproyectos de data centers, infraestructura energética y torres de transmisión hace que importar acero desde Asia resulte inviable por tiempos de flete y aduanas.
El verdadero reto para la región no es la integración del T-MEC, sino la disciplina de costos interna y la protección efectiva contra el dumping. La geopolítica del acero ya no se define en los discursos políticos, sino en la velocidad de entrega y la blindada trazabilidad de la cadena de suministro.
El Scotch impulsa el volumen de Diageo en México en medio de la “cruda tequilera”
Las ventas netas de Diageo en México durante el segundo trimestre de 2026 subieron un magro 0.4%, señaló la empresa en su más reciente reporte. En cuanto a volumen, éste creció 5.8% en el periodo y la dueña de Don Julio o Casamigos, no fue profeta en la tierra del tequila, ya que el principal impulsor de ese crecimiento fue el whiskey escocés, con marcas como J&B, Johnnie Walker o Buchanan’s
¿Se está bebiendo más escocés en México? En un trimestre marcado por el Mundial de Futbol, donde pareciera que corrieron ríos de tequila, más bien se vislumbra un ajuste estratégico crucial dentro del mercado mexicano de bebidas espirituosas.
En realidad, el whisky escocés se ha consolidado como la categoría líder indiscutible en México, representando más del 75% del valor del mercado total de whisky, un sector que proyecta superar los u$s 1,400 millones en los próximos años. Impulsado por marcas globales como Johnnie Walker y The Macallan, el Scotch se beneficia de tendencias clave como la acelerada cultura de la mixología urbana, la expansión del e-commerce y una marcada premiumización hacia etiquetas Single Malt.
Este repunte del whisky llega en un momento de reajuste para la industria de bebidas alcohólicas. De acuerdo con información reportada por El Cronista, tras el boom pospandemia, gigantes del sector como Diageo y Becle (Cuervo) han enfrentado una desaceleración o “cruda tequilera” en las ventas de tequila. La moderación del consumo en mercados clave y la normalización de inventarios han presionado las ventas de la bebida nacional, abriendo un espacio estratégico que el whisky ha sabido aprovechar.
Así, la estrategia de portafolio de Diageo busca compensar los altibajos de la categoría tequilera reforzando la competitividad del escocés, un pilar versátil que continúa ganando terreno en la preferencia de los consumidores mexicanos.
Del optimismo prudente al Capítulo 11: El giro de Braskem Idesa
Cuatro días le tomó al gigante industrial brasileño Braskem cambiar su narrativa sobre sus operaciones mexicanas. Durante la llamada de resultados del segundo trimestre de 2026 del pasado 14 de agosto, ejecutivos de la petroquímica presentaron una lectura de prudente optimismo respecto de Idesa, su filial mexicana, reconociendo complejidades operativas pero enfatizando el control sobre el negocio.
Sin embargo, el anuncio del martes (18 de agosto) sobre la solicitud del Capítulo 11 de la ley de quiebras en EE.UU. por parte de Braskem Idesa puso en evidencia que los desafíos de liquidez exigían una reestructuración financiera de fondo.
En la conferencia telefónica con analistas, Rosana Avolio, directora de Relaciones con Inversionistas, reportó que la tasa de utilización de las plantas de polietileno en México cayó al 43% en el trimestre, 12 puntos porcentuales menos que el periodo anterior. Avolio explicó que este descenso respondió a medidas deliberadas de preservación de liquidez y a una menor disponibilidad de etano, tanto por reducciones en las entregas de Pemex como en las importaciones.
A pesar de que las ventas de polietileno disminuyeron un 11%, la empresa destacó un EBITDA recurrente de u$s 57 millones en su negocio mexicano, impulsado principalmente por un incremento del 73% en los márgenes (spreads) internacionales debido a disrupciones de oferta globales.
En esa misma llamada, el CFO Carlos Brandão y el CEO Hélcio Tokeshi aseguraron que la reestructuración del capital era una prioridad estratégica y que se mantenían conversaciones consensuadas con grupos de acreedores. No obstante, la empresa matizó que la mejora en los márgenes financieros respondía a un choque de oferta coyuntural y no a una recuperación estructural del ciclo petroquímico.
La realidad de la subsidiaria se formalizó cuatro días después. Braskem Idesa se acogió al Capítulo 11 tras alcanzar un acuerdo preagendado con acreedores y accionistas para recortar su deuda sénior de aproximadamente u$s 2,500 millones a 1,600 millones de dólares, logrando una quita superior a los 920 millones de dólares. Como parte del plan, la matriz Braskem inyectará 476 millones de dólares en capital fresco para mantener la posición mayoritaria, mientras que Grupo Idesa se mantendrá como el principal socio minoritario.
La compañía proyecta emerger del proceso en un lapso de 60 a 90 días, garantizando la continuidad de sus operaciones cotidianas y el pago a empleados y proveedores.
El contraste evidencia que la caída en la tasa de utilización al 43% señalada por Avolio no era únicamente una pausa operativa, sino una liquidez al límite que los márgenes temporales del trimestre no podían sostener.
Lo que en la llamada con analistas se manejó como un avance en “diálogos consensuados”, derivó rápidamente en el ingreso formal a la corte de bancarrotas de EE.UU. para sanear el balance de la operación mexicana.