La huelga de Nacional Monte de Piedad llegó a una nueva etapa luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió atraer el caso relacionado con la declaratoria de inexistencia del movimiento laboral, que mantiene suspendidas las operaciones de la institución desde el 1 de octubre de 2025.
En respuesta, el Nacional Monte de Piedad manifestó su respeto a la determinación de la SCJN y dijo confiar en que la resolución establezca un precedente sobre el debido proceso, la seguridad jurídica de los trabajadores y el cumplimiento de los estatutos sindicales.
La llegada del conflicto a la SCJN ocurre después de varios intentos para encontrar una salida negociada. En marzo, la institución solicitó formalmente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral iniciar un proceso de arbitraje, luego de que las negociaciones con el sindicato se estancaran. En ese momento entonces, la huelga llevaba casi seis meses.
Uno de los principales puntos de desacuerdo era el mecanismo para cubrir vacantes y realizar ascensos dentro de la institución. La administración buscaba implementar un sistema basado en criterios automatizados, transparentes y de mérito, mientras que el sindicato cuestionaba el cambio en el mecanismo de asignación de plazas.
El conflicto llegó posteriormente a una nueva propuesta de la autoridad laboral. En mayo, después de más de 30 mesas de negociación, la STPS planteó una ruta que contemplaba que una propuesta de solución fuera sometida a votación general y secreta entre los trabajadores. Monte de Piedad aceptó esa vía como una alternativa para destrabar el conflicto.
El antecedente jurídico más relevante ocurrió el 20 de febrero de 2026, cuando un juez federal declaró inexistente la huelga al considerar que el sindicato no había cumplido con sus propios estatutos. La representación sindical impugnó la resolución, lo que llevó finalmente el expediente hasta la Suprema Corte.
Monte de Piedad busca una salida
La resolución de la SCJN puede convertirse en un punto de inflexión para el conflicto. Nacional Monte de Piedad señaló que, si la Corte ratifica la inexistencia jurídica de la huelga, buscará la mejor manera de apoyar a los trabajadores para su regreso a laborar.
Si el Máximo Tribunal determina lo contrario, tendría que iniciarse un nuevo juicio de imputabilidad, de acuerdo con la institución.
La institución también mantiene abierta la posibilidad de alcanzar una solución mediante otras vías, incluida la emisión de un dictamen por parte de la STPS. Su objetivo, señaló, es fortalecer la estabilidad laboral y preservar la viabilidad de una institución con más de 250 años de historia.
La huelga también golpeó al crédito prendario
El conflicto laboral no se ha limitado a la relación entre Monte de Piedad y sus trabajadores. La suspensión de operaciones dejó fuera del mercado a una de las principales instituciones de préstamo prendario en México y obligó a consumidores a buscar alternativas para obtener liquidez.
Durante la cuesta de enero, la ausencia de Monte de Piedad fue especialmente relevante. El cierre de más de 300 sucursales dejó a miles de personas sin acceso a una fuente tradicional de financiamiento justo en uno de los periodos de mayor presión sobre los ingresos de los hogares.
Los cierres abrieron un Ese vacío abrió espacio para instituciones como Coppel y Banco Azteca, que captaron parte de la demanda de consumidores que necesitaban recursos de manera inmediata. Aunque sus productos pueden tener costos distintos a los del crédito prendario, la disponibilidad y rapidez del financiamiento se convirtieron en factores relevantes para los clientes.
