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A meses de que comience la Copa Mundial de Futbol 2026, el Estado de México anunció un plan que promete cambiar por completo la forma en que se vigila la seguridad pública. El secretario de Seguridad estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, presentó un sistema de cámaras con inteligencia artificial diseñado para identificar rostros y características físicas de vehículos en tiempo real.
La meta oficial es clara: acelerar la captura de presuntos delincuentes y prevenir delitos en zonas de alta afluencia, especialmente durante el flujo masivo de turistas y visitantes que se espera.
“Nexus”: el sistema que promete ver todo y en tiempo real
El nuevo programa se operará bajo Nexus, un ecosistema que permite procesar consultas en tiempo real a partir de múltiples bases de datos oficiales. Según lo mostrado en el piloto, policías estatales y fuerzas federales tendrán acceso a esta plataforma para identificar rápidamente a personas que aparezcan en cámaras o que sean fotografiadas con un smartphone.
La herramienta funciona de forma sencilla: un elemento de seguridad puede tomar una foto de una persona con su celular y, en segundos, la plataforma arroja resultados relacionados con órdenes de aprehensión, mandamientos de búsqueda, levantamientos judiciales o medidas de protección. Es decir, el sistema no solo identifica rostros, también cruza información judicial y administrativa para “alertar” sobre posibles delincuentes.
El gobierno argumenta que este mecanismo agilizará el trabajo policial y reducirá tiempos de respuesta. Sin embargo, todavía no se publicaron los protocolos que regulen el uso de la información, ni se detalló cuántos elementos tendrán acceso al sistema.
Seguridad sí, pero ¿a costa de la privacidad?
La propuesta no solo es tecnológica, también es controversial. La Ley General de Protección de Datos Personales establece que no se pueden escanear rostros sin el consentimiento de las personas, pues los datos biométricos son considerados sensibles.
En este sentido, la Secretaría de Seguridad estatal, como “sujeto obligado”, está obligada a respetar la privacidad de los ciudadanos, igual que cualquier otra dependencia pública. La ley es clara: el artículo 7 prohíbe tratar datos sensibles sin consentimiento, salvo excepciones como una “ley que lo autorice” o una “situación de emergencia”.
Aquí surge la gran pregunta: ¿puede considerarse el Mundial 2026 una emergencia que justifique escanear rostros de millones de personas que transitan por zonas públicas? La respuesta, por ahora, no está definida y el debate se vuelve más complejo cuando se considera que el Estado de México todavía no transparentó si realizó la evaluación de impacto obligatoria.
La evaluación que debería existir (pero no se vio)
La normativa obliga a cualquier gobierno que implemente tecnología de reconocimiento facial a realizar una evaluación de impacto sobre la privacidad de las personas. Este estudio debe presentarse 30 días antes ante las autoridades de transparencia, según el artículo 68.
En el caso del Estado de México, hasta ahora no hay información pública que confirme si el gobierno realizó este análisis obligatorio ni si lo presentó ante el INFOEM. Esta falta de transparencia es especialmente relevante porque la vigilancia con IA implica un riesgo real de abuso: desde rastreo masivo hasta almacenamiento indebido de datos.
Además, el hecho de que la plataforma esté pensada para operar en zonas de alta afluencia —como el recorrido entre el AIFA y el aeropuerto de Toluca, así como destinos turísticos como Valle de Bravo y Teotihuacán— significa que la base de datos podría incluir a millones de personas, muchas de ellas turistas que no viven en la entidad y que no tienen manera de dar consentimiento informado.
¿Quién vigila a los vigilantes? La debilidad de los contrapesos institucionales
El panorama se vuelve más crítico si se considera que el INAI, el organismo federal encargado de supervisar el uso de datos personales, fue desmantelado recientemente y sustituido por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Esto generó incertidumbre sobre quién realmente supervisa y sanciona posibles violaciones a la privacidad.
Aunque el Estado de México cuenta con un organismo local de transparencia, la desaparición del vigilante nacional debilita el sistema de contrapesos, especialmente en un tema tan delicado como el reconocimiento facial.
Los artículos 74, 75 y 76 de la Ley General de Protección de Datos Personales establecen reglas estrictas para el uso de datos por parte del gobierno. El artículo 74, por ejemplo, obliga a que la recolección sea necesaria y proporcional, es decir, que no se pueda vigilar a toda la población para atrapar a unos pocos.
Asimismo, el artículo 76 exige medidas de seguridad de alto nivel para proteger los datos, algo que no todos los gobiernos lograron implementar correctamente. Gobiernos con mayores recursos tecnológicos sufrieron hackeos masivos de datos biométricos. Entonces la pregunta no es solo si el sistema funciona, sino si el Estado de México está preparado para proteger esa información.
