Un fraude silencioso que comienza cuando tu celular pierde señal sin razón aparente está en el centro de un debate histórico en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El caso involucra a una mujer que, en cuestión de horas, perdió el control de su número telefónico, su dinero y su privacidad. Ahora, el máximo tribunal del país podría obligar a las empresas de telefonía a responder económicamente cuando su negligencia permita que esto le ocurra a cualquier usuario en México. Todo comenzó cuando una mujer dejó de tener señal en su celular sin ningún aviso previo. Lo que parecía una falla técnica menor resultó ser el inicio de un fraude organizado: alguien había solicitado un duplicado de su tarjeta SIM en otro estado, haciéndose pasar por ella. Con el número telefónico en su poder, el atacante tuvo acceso total a su vida digital. En pocas horas se registraron movimientos bancarios no autorizados, cambios de contraseñas en distintas cuentas y la difusión de imágenes íntimas sin su consentimiento. La investigación posterior confirmó que la empresa telefónica entregó la nueva SIM sin verificar correctamente la identidad de quien la solicitó. La compañía involucrada intentó trasladar la responsabilidad a la víctima. Argumentó que ella misma había vinculado su número a múltiples plataformas, que el duplicado se realizó con una identificación válida y que no actuó con suficiente rapidez. La Suprema Corte no lo vio así. El proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf establece que las empresas telefónicas tienen un deber de protección hacia sus usuarios, que va mucho más allá de simplemente prestar el servicio. El documento señala expresamente que las operadoras no pueden ser indiferentes ante fraudes como el SIM swapping, y advierte que responsabilizar a la víctima en un caso como este equivale a revictimizarla, especialmente cuando están involucradas imágenes personales. Si este proyecto obtiene al menos seis votos favorables en el pleno, se convertiría en criterio obligatorio para todos los tribunales del país. Las consecuencias prácticas serían significativas. Cualquier persona que sufra un fraude por SIM swapping podría demandar a su operadora y exigir una indemnización por daño moral si se comprueba que la empresa no verificó correctamente la identidad del solicitante. Además, las telefónicas estarían obligadas a reforzar sus protocolos de seguridad internos y los juzgados deberían analizar este tipo de casos con perspectiva de género cuando corresponda. Mientras se resuelve el debate en la Suprema Corte, los expertos recomiendan tomar medidas preventivas desde ahora: solicitar a tu operadora un PIN adicional para trámites relacionados con la SIM, usar aplicaciones de autenticación en lugar de SMS para la verificación en dos pasos, y contactar de inmediato a tu compañía si tu teléfono pierde señal de forma inexplicable.