La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se prepara para discutir un proyecto trascendental que podría redefinir la responsabilidad de las empresas de telefonía en México. La propuesta, impulsada por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, busca que los usuarios puedan demandar a las operadoras por daño moral cuando se demuestre negligencia en la protección de sus datos personales. Este análisis surge tras un caso de “SIM swapping”, una modalidad de fraude que ha encendido las alarmas en el sistema judicial. El caso que originó este debate involucra a una usuaria que perdió el acceso a su línea telefónica sin previo aviso. Ese mismo día, delincuentes realizaron movimientos bancarios no autorizados, cambiaron contraseñas de sus cuentas y difundieron imágenes íntimas. Posteriormente, se confirmó que la empresa telefónica entregó un duplicado de la tarjeta SIM en otro estado del país sin verificar correctamente la identidad del solicitante, facilitando el control total de la vida digital de la víctima. Durante el proceso, la compañía telefónica argumentó que la usuaria vinculó voluntariamente su número a diversas plataformas y que el duplicado se realizó con una identificación aparentemente válida. Sin embargo, el proyecto de la ministra Ortiz rechaza esta postura, planteando que las concesionarias tienen un “deber reforzado de cuidado”. El documento señala que las empresas no pueden ser indiferentes ante el fraude, especialmente cuando sus protocolos de verificación fallan. Además, el proyecto cuestiona la estrategia de defensa de la empresa, sugiriendo que responsabilizar a la víctima constituye una forma de revictimización. Esto es particularmente grave en casos donde se vulnera la privacidad con la difusión de contenido sensible. De aprobarse, la resolución obligaría a las compañías a elevar sus estándares de seguridad, dejando atrás la idea de que el riesgo digital recae exclusivamente en los hombros del cliente. Si el proyecto obtiene al menos seis votos en la SCJN, se establecerá un criterio obligatorio para todos los tribunales del país. Esto permitiría que cualquier ciudadano afectado por negligencia en la protección de datos pueda exigir indemnizaciones por daño moral. Asimismo, se forzaría a las operadoras a implementar protocolos de verificación de identidad mucho más estrictos, como el uso de biométricos o códigos de seguridad adicionales para trámites de reemplazo. El “SIM swapping” es una amenaza creciente donde el número telefónico actúa como la “llave maestra” de acceso a bancos y redes sociales. Expertos en ciberseguridad sugieren que, mientras se espera el fallo, los usuarios utilicen aplicaciones de autenticación en lugar de SMS. La decisión de la Corte marcará un precedente sobre la responsabilidad digital en un entorno donde el celular concentra la vida financiera y personal de millones de mexicanos.