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La Secretaría de Educación Pública (SEP) ordenó que ninguna institución educativa opere bajo las denominaciones “militarizada”, “militar”, “castrense” o cualquier otra similar a partir del inicio del ciclo escolar 2026-2027, previsto para el 31 de agosto.
La instrucción fue emitida por el titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo, y contempla la revisión de autorizaciones, permisos y Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE).
La medida busca impedir que la disciplina o instrucción de carácter militar se utilice como modelo educativo para niñas, niños y adolescentes. Para detectar los casos, las autoridades educativas estatales y de la Ciudad de México deberán revisar caso por caso las autorizaciones y los RVOE otorgados a instituciones particulares.
Cuando encuentren planteles que operen bajo este tipo de denominaciones o modalidades, deberán iniciar los procedimientos administrativos correspondientes y, en su caso, suspender actividades y avanzar hacia la clausura definitiva.
¿Qué pasará con los estudiantes y las familias afectadas?
La orden contempla medidas para que los alumnos no queden sin opciones educativas. En caso de suspensión o clausura, las autoridades deberán garantizar la entrega de la documentación escolar, incluidos certificados totales o parciales y otros documentos en poder de las instituciones, para que los estudiantes puedan incorporarse a otra escuela sin perder su trayectoria académica.
También deberán reintegrarse los pagos realizados por servicios educativos que todavía no hayan sido prestados, como reinscripciones, útiles, uniformes y otros conceptos pendientes de devengar.
Las familias con hijos inscritos en instituciones que utilicen términos como “militarizada”, “militar” o “castrense” deberían verificar directamente con la autoridad educativa de su estado la situación administrativa del plantel, solicitar por escrito la documentación académica y conservar los comprobantes de pago realizados.
Por qué se tomó esta decisión
La determinación se produjo después de varios casos graves relacionados con instituciones y campamentos de corte militarizado. El 24 de julio, la SEP condenó el fallecimiento de una adolescente en Tamaulipas y señaló que ningún acto de abuso, violencia o maltrato puede justificarse como parte de una supuesta educación o disciplina militar.
Un día después, la Secretaría de la Defensa Nacional aclaró que no tiene facultades para autorizar, supervisar, inspeccionar o regular este tipo de planteles.
El caso también llevó al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) a pedir una revisión del marco jurídico y de los mecanismos de supervisión de academias, internados y campamentos de corte militarizado, tras los fallecimientos de dos adolescentes de 13 años vinculados a este tipo de instituciones.