Comprar un inmueble en México puede implicar algo más que el precio pactado en la escritura. Una reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso el foco en una regla fiscal que muchas personas desconocen al momento de cerrar una operación inmobiliaria. El punto clave está en la diferencia entre el valor que aparece en el contrato y el avalúo oficial de la propiedad. Cuando esa distancia supera cierto porcentaje, el sistema fiscal lo interpreta de una forma particular. Esa interpretación fue revisada por el máximo tribunal del país. El fallo aclara cómo se debe aplicar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) en estas operaciones y cuándo la autoridad puede considerar que existe un ingreso adicional para quien compra el inmueble. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucionales los artículos 125, 130 fracción IV y 132 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Estas disposiciones establecen que, cuando una persona compra un inmueble y el avalúo es más de 10% superior al precio de compra, esa diferencia se considera un ingreso. El avalúo de una casa corresponde a una evaluación profesional que determina su costo. Este proceso es llevado a cabo por un perito especializado, quien analiza diferentes aspectos del inmueble para asignarle un precio justo. Se consideran en este aspecto, factores como la ubicación, las condiciones físicas, y las características del entorno. A partir de este proceso de análisis, se procede a armar un documento que establece el valor comercial de la propiedad. Cabe recordar que el avalúo es esencial cuando se solicita un crédito hipotecario. Las instituciones financieras exigen este documento para asegurarse de que el valor del inmueble respalde el monto del préstamo que estás solicitando. La Suprema Corte tomó en cuenta todos los ejes y el porcentaje en cuestión del avalúo, y determinó que ese incremento en el patrimonio del comprador debe pagar ISR, ya que fiscalmente se interpreta como una ganancia derivada de la operación inmobiliaria. La resolución que emitió el Máximo Tribunal se desprende del análisis realizado al Amparo en Revisión 384/2025, resuelto en sesión de Pleno el 3 de marzo de 2026. La Corte explicó que el Congreso definió con claridad qué se entiende por ingreso y cómo debe calcularse la diferencia. Para ello se utilizan avalúos realizados por especialistas autorizados, como corredores públicos o instituciones certificadas, que permiten estimar el valor real del bien. El fallo también explica que esta disposición busca evitar prácticas de subvaluación en las escrituras, una estrategia utilizada en algunos casos para declarar precios menores al valor real de una propiedad. Según la Corte, la medida respeta los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, ya que busca que cada persona contribuya al gasto público de acuerdo con su verdadera capacidad económica. Con esta decisión, la Suprema Corte confirmó que la legislación vigente puede utilizar el avalúo como referencia para detectar incrementos patrimoniales relevantes y asegurar que las operaciones inmobiliarias tributen con mayor transparencia.