El Senado de la República aprobó el 7 de abril la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica, un dictamen que, entre sus puntos más polémicos, abre la puerta a que los recursos guardados en las Afores se canalicen hacia proyectos de obra pública. La medida responde a una caída del 28.4% en la inversión pública en infraestructura y busca detonar la construcción de obras en sectores como energía, comunicaciones, transporte, agua potable y saneamiento, bajo un esquema que combina capital del gobierno, inversión privada y ahorro institucional. La reciente aprobación en el Senado de México de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica abrió un fuerte debate en el país. El gobierno sostiene que la iniciativa busca impulsar el desarrollo nacional mediante la participación de capital público, privado y social. Sin embargo, desde la oposición ya se habla de riesgos para el ahorro de millones de trabajadores. El nuevo marco legal permite canalizar recursos de fondos institucionales hacia proyectos de infraestructura considerados estratégicos. Entre ellos se incluyen sectores como energía, transporte, comunicaciones, agua potable y saneamiento. Para lograrlo, la normativa contempla mecanismos como fideicomisos y vehículos de inversión específicos, diseñados para facilitar la participación conjunta de distintos actores. Según el Senado de México, estas inversiones estarán sujetas a reglas de supervisión, evaluación y control con el objetivo de proteger el capital invertido y garantizar su rentabilidad. Además, el oficialismo asegura que esta ley abre nuevas oportunidades para multiplicar los recursos disponibles y atender necesidades urgentes de infraestructura en el país. Aunque las Afores no aparecen mencionadas de manera explícita, la ley habilita el uso de ahorro institucional, lo que en la práctica incluye este tipo de fondos destinados al retiro. Este punto encendió las alarmas, ya que implicaría que parte del dinero de los trabajadores podría destinarse a proyectos de largo plazo sin una consulta directa a los titulares de esas cuentas. El debate gira en torno a si estas inversiones representan una oportunidad de crecimiento o un riesgo innecesario para recursos que tienen como finalidad principal garantizar la jubilación. Desde sectores opositores, las críticas no tardaron en aparecer. Legisladores señalaron que la ley podría permitir el uso discrecional de recursos, al concentrar decisiones en el Ejecutivo y en un consejo que, según denuncian, carece de contrapesos efectivos. También advirtieron sobre posibles problemas de transparencia y trazabilidad en el manejo del dinero, así como el riesgo de que algunos proyectos generen deuda o compromisos fiscales a futuro. Otra de las preocupaciones es que los mecanismos previstos podrían favorecer a determinados grupos empresariales o derivar en un manejo poco claro de los fondos, lo que incrementa la incertidumbre en torno al destino del ahorro de los trabajadores. En este contexto, la discusión sigue abierta: mientras el gobierno defiende la ley como una herramienta para impulsar el crecimiento, la oposición insiste en que se necesitan mayores garantías para evitar que los recursos destinados al retiro terminen expuestos a riesgos innecesarios.