La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido un nuevo criterio que es de obligado cumplimiento e impacta de manera significativa en el Proceder del Registro Civil en la atención de casos específicos referidos a nacimientos. La resolución detalla las acciones que deben emprender las autoridades en situaciones donde se presenta un vacío normativo en un ámbito crucial y cada vez más relevante. Este fallo estipula que la carencia de regulación no debe ser un obstáculo para que los jueces y autoridades aseguraren derechos fundamentales. Por ello, se ha diseñado un mecanismo preciso para validar los acuerdos y facilitar el registro inmediato del nacimiento, previniendo de este modo retrasos e incertidumbres jurídicas para las familias afectadas. Con este criterio, el máximo tribunal ha delimitado el papel del Poder Judicial y del Registro Civil, aclarando que la función del poder judicial no radica en resolver un conflicto, sino en confirmar las condiciones legales, salvaguardar los derechos humanos y garantizar el reconocimiento legal desde el momento del nacimiento. La Corte enfatizó que la labor judicial no se limita a resolver conflictos, sino que implica la obligación de verificar la legalidad del acuerdo, proveer atención integral a la mujer o persona gestante, prevenir la violencia de género y asegurar el reconocimiento legal del vínculo entre el recién nacido y sus padres intencionales. El tribunal estableció que, en casos donde se encuentre un acuerdo de gestación sustituta ratificado ante notario y sin conflictos entre las partes, una autoridad judicial está facultada para revisar el contenido del acuerdo, supervisar su cumplimiento y requerir al Registro Civil la expedición del acta de nacimiento del menor sin demoras. Adicionalmente, la Suprema Corte y el Registro Civil han quedado interconectados bajo un nuevo criterio que, ante la ausencia de regulación referente a la gestación sustituta en la Ciudad de México, establece que las diligencias de jurisdicción voluntaria constituyen la vía idónea para la validación de tales acuerdos. El criterio obligatorio busca garantizar **protección integral** y certeza jurídica. Entre los puntos clave: