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La LXII Legislatura del Congreso del Estado de México aprobó reformas al Código Penal estatal y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para endurecer las sanciones por ataques con ácido o sustancias químicas contra mujeres, niñas y adolescentes. Las penas podrán alcanzar hasta 36 años de prisión cuando se configuren determinados agravantes.
Las modificaciones también establecen medidas de atención médica gratuita, cirugías reconstructivas, rehabilitación y reparación integral del daño para las víctimas, además de nuevas obligaciones para las instituciones de salud y las autoridades encargadas de investigar estos delitos.
Los agravantes: cuándo se aplicarán hasta 36 años de cárcel
El dictamen establece penas de hasta 15 años de prisión y de 200 a 500 días multa para quien cause lesiones dolosamente mediante ácidos, sustancias corrosivas, cáusticas, irritantes, tóxicas o inflamables, compuestos químicos, líquidos a altas temperaturas, álcalis, gases, explosivos o sustancias similares.La sanción aumentará hasta 20 años si el ataque provoca:
- Desfiguración permanente en la cara, cabeza, cuello, mamas o genitales.
- Pérdida o disminución definitiva de la función de un órgano o sentido.
Las penas se incrementarán cuando exista alguno de estos agravantes:
- Hasta 22.5 años de prisión: si la persona agresora es servidora pública y comete el delito en ejercicio de sus funciones, o mantiene con la víctima una relación de parentesco, convivencia, sentimental, afectiva, laboral, docente, de subordinación, confianza o responsabilidad y cuidado.
- Hasta 30 años de prisión: cuando se presente alguno de esos agravantes y el ataque provoque desfiguración permanente o pérdida o disminución definitiva de la función de un órgano o sentido.
- Hasta 36 años de prisión: al sumar las agravantes correspondientes a la pena por lesiones, cuando el ataque pone en peligro la vida de la víctima y se configura alguno de los supuestos señalados. En estos casos, el delito se perseguirá de oficio.
Cirugías gratuitas y acompañamiento integral a las víctimas
Las reformas contemplan que la reparación integral del daño incluya cirugías reconstructivas, rehabilitación física y psicológica, prótesis, tratamientos médicos especializados y de largo plazo, compensación por lucro cesante y cualquier otra medida necesaria para la recuperación de las víctimas.
Además, las autoridades administrativas, el Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales deberán ordenar la protección necesaria y canalizar el traslado inmediato de las víctimas a unidades médicas de alta especialidad. El Estado garantizará el acceso gratuito, integral y continuo a los servicios de salud.
El personal médico tendrá la obligación de proporcionar atención inmediata y prioritaria y conservar la evidencia clínica y biológica y deberá notificar de inmediato al Ministerio Público y entregar los elementos necesarios para la investigación.
Quienes incumplan la obligación de notificar podrán recibir sanciones conforme al Código Penal estatal, además de las administrativas correspondientes.
Las autoridades estatales y municipales también deberán garantizar cirugía reconstructiva, cirugía estética funcional, rehabilitación y suministros médicos gratuitos, oportunos y continuos. La reparación integral comprenderá restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición.
De cinco a 10 años de prisión cuando la víctima es un hombre
Las disposiciones penales para ataques químicos contra mujeres, niñas y adolescentes establecen las penas específicas de protección previstas en el decreto. Para las lesiones dolosas ocasionadas mediante estas sustancias contra hombres, se contemplan de cinco a 10 años de prisión y de 100 a 200 días multa, con posibilidad de alcanzar hasta 16 años al considerar las penas por lesiones previstas en la legislación vigente.
Al presentar el dictamen, la diputada Nelly Brígida Rivera Sánchez reconoció a las sobrevivientes y defensoras que impulsaron los cambios: “Con esta iniciativa, el Estado de México asume su responsabilidad para coordinar a las instituciones de salud, justicia y desarrollo social para que ninguna agresión se quede impune”.
Por su parte, Zaira Cedillo Silva destacó que las reformas buscan garantizar la reparación integral para que las víctimas puedan recuperar su proyecto de vida.
Las modificaciones fueron resultado de iniciativas de legisladoras de Morena, la bancada del PRD y la Fundación Carmen Sánchez. La diputada Araceli Casasola Salazar cuestionó que el dictamen incorporara solo parcialmente las propuestas de esta organización y anunció que su bancada presentará otra iniciativa para complementar las reformas.