

La reciente resolución de la Suprema Corte surgió tras un amparo promovido por una institución financiera sancionada por no entregar, durante 2023, los reportes mensuales de quejas relacionados con los despachos de cobranza inscritos en el Registro de Despachos de Cobranza (REDECO).
Con este fallo, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) fortalece sus facultades como autoridad encargada de supervisar y sancionar a bancos, financieras y entidades de crédito que incumplan obligaciones legales, como la entrega de reportes, registros obligatorios y normas de cobranza.
El Máximo Tribunal dejó claro que las instituciones financieras deben cumplir con los mecanismos de información y rendición de cuentas, considerando que forman parte esencial de la protección a los usuarios del sistema financiero.
La Suprema Corte desestima los argumentos de los bancos
La decisión de la SCJN ratifica que las disposiciones que regulan a la CONDUSEF cumplen con los principios de legalidad, tipicidad y seguridad jurídica. Esto significa que las sanciones aplicadas a bancos y financieras no son arbitrarias, sino que están plenamente sustentadas en la ley.
En particular, la Suprema Corte confirmó que las instituciones financieras deben cumplir con obligaciones periódicas, como el registro ante el REDECO y la presentación mensual de reportes de quejas.

CONDUSEF podrá multar a bancos por incumplir registros y reportes obligatorios
Uno de los puntos más importantes del fallo es que la CONDUSEF queda plenamente facultada para multar a bancos y financieras que no cumplan con sus obligaciones regulatorias.
Entre los deberes ratificados por la Suprema Corte se encuentran:
- Registro obligatorio en el sistema REDECO.
- Presentación de reportes mensuales sobre despachos de cobranza.
- Informar incluso cuando no se utilicen servicios de cobranza externa.
- Notificación de quejas y seguimiento de usuarios afectados.
Este fallo no solo tiene implicaciones para las instituciones financieras, sino también para los usuarios. La decisión fortalece la supervisión sobre prácticas de cobranza y mejora la transparencia en la relación entre bancos y clientes.















