A más de once años de la desaparición de los estudiantes de Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en el caso Desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el Poder Judicial de la Federación ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entregar la información completa sobre el caso. La resolución judicial instruye al Ejército Mexicano a proporcionar al menos 853 folios generados en 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CFRI), con sede en Iguala, así como documentos elaborados por otras áreas militares. En su determinación, el juzgado señaló que estos archivos no pueden ser clasificados como información confidencial o reservada, debido al interés legítimo de las familias de las víctimas y de la sociedad por conocer la verdad sobre lo ocurrido. La exigencia de acceso a estos documentos se remonta a 2023, cuando madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala interpusieron una demanda para que los reportes fueran entregados y analizados. Los familiares denunciaron que las autoridades militares no habían proporcionado la totalidad de los informes de inteligencia elaborados por la Sedena en 2014, lo que consideraron un incumplimiento del decreto presidencial emitido en 2018, el cual ordena a las dependencias federales colaborar plenamente en el esclarecimiento del caso. En este contexto, el Poder Judicial resolvió a favor de las familias y determinó que el Ejército debe entregar cualquier documento que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos, en un caso que continúa sin una explicación definitiva después de más de una década. Durante sus investigaciones, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) logró acceder a algunas comunicaciones internas del Ejército elaboradas por el CFRI en 2014. En esos registros se documentaban movimientos e información sobre los estudiantes antes y después de la noche del 26 de septiembre; sin embargo, los expedientes presentaban vacíos y partes incompletas. La Defensa Nacional sostuvo que no existen registros adicionales sobre lo ocurrido esa noche, argumento que ha sido utilizado para explicar por qué esos documentos no fueron revisados en su totalidad. No obstante, en su resolución el Poder Judicial señaló que la falta de continuidad en los archivos no demuestra que la información no exista, sino que puede ser un indicio de que dichos documentos permanecen en poder de las autoridades militares y deben ser entregados. En su momento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros organismos de derechos humanos señalaron que estas omisiones dificultaron el avance en las investigaciones. El fallo representa un respaldo para las familias de los 43 estudiantes, ya que obliga al Ejército a no ocultar ni omitir información y reconoce el derecho de los familiares y de la sociedad a conocer la verdad sobre lo ocurrido aquella noche.