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La administración de Claudia Sheinbaum ha tomado una tajante decisión, en el marco del desarrollo de uno de sus proyectos más ambiciosos: el Tren Maya.
Con el objetivo de seguir apostando al crecimiento del sureste mexicano y asegurar la continuidad operativa de distintos tramos de este servicio de transporte, el Gobierno nacional decretó la expropiación de 26 inmuebles privados en Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
La medida fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y volvió a poner en el centro del debate a uno de los proyectos más sensibles del sureste mexicano. Sin grandes anuncios, pero con efectos concretos, el Gobierno federal avanzó sobre una serie de inmuebles cuya ubicación resulta clave para una obra estratégica.
Expropiaciones confirmadas por Claudia Sheinbaum para el Tren Maya
En total, la superficie expropiada alcanza 44,447.31 metros cuadrados, que pasan a favor de la Federación a través de Tren Maya, S.A. de C.V.. El decreto considera que la infraestructura ferroviaria destinada al transporte de pasajeros y carga constituye una causa de utilidad pública, conforme a la Ley de Expropiación, lo que habilita la ocupación inmediata de los predios.
El alcance territorial de la medida atraviesa varios estados y municipios donde el desarrollo de infraestructura ya modificó el paisaje y la dinámica local. La confirmación oficial despejó dudas, pero también abrió interrogantes sobre el impacto inmediato y las condiciones en las que se llevará adelante el proceso.
Aunque el decreto ya está vigente, el trasfondo completo de la decisión y sus implicancias legales y territoriales no se explicitan en un primer vistazo.
Estados afectados, ocupación inmediata e indemnización
Los inmuebles que han quedado alcanzados por esta decisión del Gobierno nacional se encuentran localizados en municipios estratégicos como Palenque, Candelaria, Calakmul, Mérida, Izamal, Solidaridad, Othón P. Blanco y Bacalar.
Cabe destacar que la resolución contempla tanto la tierra como las construcciones e instalaciones existentes, necesarias para los tramos 1, 3, 5, 6 y 7 del proyecto.
El decreto otorga facultades directas a la SEDATU para proceder a la ocupación inmediata y establece que ningún recurso legal suspende la expropiación. Los propietarios conservan el derecho a una indemnización, cuyo monto será determinado por el INDAABIN y cubierto con el presupuesto de Tren Maya, S.A. de C.V.
Algunos puntos clave del proceso
- Indemnización obligatoria conforme a avalúos oficiales
- Plazo de 10 días hábiles para acudir a la vía judicial
- La impugnación solo aplica al monto, no a la expropiación
- Cláusula de reversión si los terrenos no se usan en cinco años
La medida se inscribe dentro de los ejes estratégicos de desarrollo del sureste y refuerza el carácter prioritario del Tren Maya en la política de infraestructura federal.
