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El Congreso de la Ciudad de México aprobó recientemente una reforma al Código Fiscal que introduce cambios profundos en la movilidad urbana. La medida busca integrar formalmente a los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE) dentro del sistema de control vehicular de la capital.
Mientras las autoridades defienden el ordenamiento vial y la certeza jurídica, el dictamen desató un intenso debate político, especialmente por parte del Grupo Parlamentario del PAN, que cuestionó el trasfondo financiero de la normativa.
¿Qué vehículos deben pagar este nuevo cobro obligatorio?
La modificación legal impacta de manera directa a los usuarios de transportes unipersonales de propulsión eléctrica que circulan cotidianamente por las calles y avenidas capitalinas. De acuerdo con los detalles difundidos por el sitio oficial del Congreso de la CDMX, la categoría de los VEMEPE comprende principalmente a:
- Scooters eléctricos.
- Bicicletas eléctricas.
- Motobicicletas.
Quedan completamente excluidos de esta normativa los automóviles particulares tradicionales. La intención principal de incorporar estos vehículos al esquema es establecer mecanismos claros de identificación y registro ante el crecimiento exponencial de estas alternativas de movilidad.
¿Cuáles son los costos oficiales confirmados por el Congreso?
La información oficial emitida por el órgano legislativo detalla que el dictamen aprobado modifica específicamente los artículos 224 y 229 del Código Fiscal capitalino. Dentro de lo plenamente ratificado y publicado por la institución respecto a los costos numéricos en esa jornada, figuran los precios de las licencias de conducir vinculadas a estos vehículos:
- Licencia tipo “A1” (para motocicletas y VEMEPE): su costo por expedición o renovación es de 572 pesos.
- Licencia tipo “A2” (para automóviles particulares, motocicletas y VEMEPE): su costo asciende a 1,142 pesos.
¿Cuáles fueron los cobros y cifras que generaron el reclamo político?
Los montos específicos de trámites vehiculares que circularon ampliamente correspondían a las estimaciones y cifras que la oposición ventiló durante las discusiones en tribuna.
Durante el debate legislativo, el legislador Ricardo Rubio mencionó de manera puntual un pago de 750 pesos por concepto de alta vehicular y 470 pesos por refrendo anual. A ello se sumarían tarifas estimadas de 325 pesos por reposición o cambio de propietario, 300 pesos por permisos temporales y 490 pesos por baja.
Aunque estos montos figuraban como parte de las previsiones analizadas en las comisiones, no venían detallados de forma explícita en el boletín de prensa oficial del Congreso.
Las tarifas definitivas y pormenorizadas de cada derecho de control vehicular terminan de confirmarse formalmente conforme el decreto completo se promulga y detalla en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.