

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respaldó públicamente la operatividad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), afirmando que el congelamiento de activos se aplica estrictamente a perfiles vinculados con el lavado de dinero.
Durante su reciente conferencia matutina, la mandataria buscó disipar dudas sobre el uso de estas facultades tras las recientes inmovilizaciones a funcionarios públicos.
Con el objetivo de descartar cualquier idea de persecución política desde el Ejecutivo, Sheinbaum fue tajante al defender los protocolos de rastreo de capitales. “La UIF nunca le ha cerrado la cuenta a una persona que no esté implicado en lavado de dinero”, sentenció, subrayando que las acciones de la dependencia responden a criterios técnicos y no a consignas ideológicas.
El guiño de Sheinbaum a la Suprema Corte
Este respaldo ocurre en un contexto jurídico clave ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo que avala la constitucionalidad de que la UIF bloquee cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial, siempre que la medida responda a una solicitud de cooperación internacional o a compromisos de seguridad nacional y combate al financiamiento ilícito.

Esta resolución de los jueces ha sido fundamental para fortalecer el brazo operativo de la Secretaría de Hacienda. Gracias a este criterio, las autoridades pueden actuar con mayor agilidad ante alertas de movimientos sospechosos.
Cuáles son las garantías de defensa y plazos de resolución
Para ofrecer certeza jurídica a quienes consideren que sus recursos fueron inmovilizados de forma injustificada, la Presidenta recordó que los afectados tienen el derecho de presentar un recurso de amparo. Esta herramienta constitucional permite a los ciudadanos defender su patrimonio ante posibles errores administrativos o falta de pruebas sólidas en el rastreo financiero.
Sheinbaum detalló que estos procesos legales no mantendrán los fondos retenidos de forma indefinida. Según la mandataria, quienes recurran a la defensa judicial frente a los bloqueos de la UIF tendrán garantizada una resolución en un plazo máximo de seis meses, agilizando así la aclaración de la procedencia de los recursos.















