Personas con discapacidad en distintos estados de México denuncian que, incluso con certificados médicos oficiales, enfrentan cuestionamientos, obstáculos administrativos y actos de discriminación al intentar registrarse en la Pensión para el Bienestar.
A través de redes sociales y colectivos de defensa de derechos, las personas afectadas relatan que funcionarios ponen en duda documentos médicos oficiales, minimizan diagnósticos y condicionan el acceso al programa a criterios personales, especialmente cuando se trata de discapacidades invisibles.
Una de ellas es Marialú Castro, quien vive con fibromialgia y relata que el proceso para acceder al programa terminó en una escena que refleja lo que muchas personas enfrentan.
“Lloré en una ventanilla del programa Bienestar”, cuenta. “Llegué con un certificado de discapacidad emitido por la Secretaría de Salud, documento oficial con validez legal, y aun así fue puesto en duda”. De acuerdo con su testimonio, funcionarios del programa cuestionaron su condición a pesar de que el certificado fuera emitido por la Secretaría de Salud.
“Un derecho que debería depender de la ley termina dependiendo del criterio de quien está en la ventanilla”, señala.
Castro lidera Vuelo Colectivo Fibromialgia y reporta que el 80% de sus miembros en algún momento se ha sentido discriminada al tratar de obtener el certificado y el 20% no lo ha intentado porque no quisieron enfrentarse a lo que se habían enfrentado sus compañeros.
Un derecho que debería depender de la ley termina dependiendo del criterio de quien está en la ventanilla.
La Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad es un programa federal que otorga un apoyo económico bimestral a personas con discapacidad permanente. Para acceder al programa, uno de los requisitos es presentar un certificado de discapacidad emitido por una institución pública de salud, como el IMSS, ISSSTE o centros de salud de los servicios estatales.
La convocatoria se abre varias veces al año, y la primera jornada de registro de 2026 se lleva a cabo del 23 al 29 de marzo.
Las dificultades en el registro ya se conocían desde hace cuatro años, cuando el Coneval emitió recomendaciones por fallas detectadas en el programa federal de pensiones para personas con discapacidad permanente.
En su reporte de 2022, el Coneval identificó que el programa, creado desde la gestión de Andrés Manuel López Obrador, “no cuenta con un mecanismo para notificar a las personas rechazadas ni tampoco los operadores locales tienen claridad sobre las razones por las que una persona que aparentemente cumple con los criterios de elegibilidad sea rechazada”.
De acuerdo con Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2023 del INEGI, en México 8.8 millones de personas viven con alguna discapacidad, lo que representa 7.2% de la población. Estudios internacionales estiman que entre 70% y el 80% de las discapacidades son invisibles, es decir, condiciones que no presentan manifestaciones físicas evidentes. Si esa proporción se aplica al contexto mexicano, más de seis millones de personas podrían enfrentarse a los cuestionamientos que documentan los testimonios de esta nota.
Barreras desde la certificación
Las denuncias no se limitan al momento de solicitar la pensión. En muchos casos, explican personas afectadas, las dificultades comienzan desde la obtención del certificado de discapacidad en instituciones de salud pública que es requisito para tramitar la pensión.
En redes sociales, una persona relató que al acudir a un centro de salud para solicitar orientación sobre el certificado médico, el personal descartó su condición.
“Tengo discapacidad en el brazo izquierdo y casi nula movilidad en la mano. Al acudir al centro de salud para buscar al especialista, el doctor me dijo que lo mío no es discapacidad; que tendría que estar ‘literalmente mutilada’ para que fuera permanente”, escribió.
Las identidades de estas personas se reservaron por considerar que revelarlas podría dificultar más su registro a estos programas sociales.
Otra persona denunció que, al acudir a un Centro de Salud Bienestar para tramitar el certificado, una médica desconocía su diagnóstico de síndrome de Ehlers-Danlos (SED) y desestimó su condición.
De acuerdo con la Ehlers-Danlos Society, el SED es una serie de trastornos genéticos que afectan los tejidos conectivos. No tiene cura y el tratamiento se centra en el manejo de los síntomas, la fisioterapia y la prevención de complicaciones como luxaciones o desgarros vasculares.
“Dijo que eso era solo hiperlaxitud, como los contorsionistas, y que no era discapacidad. Me dijo también que además debería sentirme agradecida porque no estaba como otras discapacidades por ejemplo los niños con parálisis cerebral, de los cuales dijo que ‘pobrecitos, parecen trapos viejos.
“Me acuerdo de esto y todavía lloro, ella siguió diciendo barbaridades horribles sobre otras discapacidades y que además ‘engañar al sistema no estaba tan fácil’ como si yo lo quisiera engañar, fue un trato horrendo”, relató.
Historias de terror
Una persona, con hipoacusia (pérdida de la capacidad auditiva), denunció que su comunidad tiene “historias de terror”: “A mí en el DIF me dijeron que no tenía nada y eso que me vieron con mis dos aparatos auditivos. Tuve que dejar pasar dos años y volver a hacerme estudios y llevar los que tenía desde muy pequeña para que realmente se decidieran a poner que tenía una discapacidad. Pusieron que ‘no era muy grave’“.
Otra persona con discapacidad sostiene: “Cuando fui por mi certificado las personas que tenían que hacerme la entrevista no querían, que porque a pesar de ser amputada y andar en muletas me veía ‘bien’ y se veía que yo no necesitaba nada. Siempre tuve la duda de si pasaron mi información o no, porque dos años después tuve que volver a hacerlo todo de nuevo”.
Colectivos como Tapatías Discas, Usted está aquí y Letra Púrpura, que acompañan y documentan denuncias de personas con discapacidad, señalan que este tipo de experiencias se repite en distintos estados del país.
México es firmante de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que establece la obligación de los Estados miembros de garantizar el acceso sin discriminación a servicios públicos y programas sociales.
En febrero de 2024, la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana NOM-039-SSA-2023, que establece los criterios para la certificación de la discapacidad en México y crea el Certificado Electrónico de Discapacidad (CEDis) como formato nacional.
Sin embargo, especialistas y organizaciones señalan que su implementación aún es desigual entre instituciones y estados, lo que provoca que distintos organismos acepten certificados distintos o cuestionen documentos emitidos por otras dependencias.
A pesar de la normativa, los testimonios recopilados muestran que, en la práctica, el sistema de certificación de discapacidad todavía enfrenta vacíos de implementación. Personas con discapacidad denuncian que médicos desconocen los criterios para emitir el certificado, mientras que funcionarios encargados de registrar solicitudes para la pensión cuestionan documentos emitidos por otras instituciones públicas.
Esta falta de coordinación institucional provoca que el reconocimiento de una discapacidad termine dependiendo del criterio individual de médicos o funcionarios, en lugar de un procedimiento estandarizado.
“No parece discapacitada”
Uno de los patrones que se repite en los testimonios es la invalidación de las discapacidades que no son visibles. En Nogales, Sonora, una mujer con fibromialgia relató que los funcionarios cuestionaron su documentación.
“(Hicieron) comentarios como ‘pues no parece discapacitada’ o ‘en este papel no dice nada que yo pueda tomar en cuenta’”, escribió. Sus documentos quedaron “a revisión” sin que le explicaran quién evaluaría su caso.
El patrón de discriminación se repite en varios estados de la República. Una persona con discapacidad denunció que en Zacatecas si no es evidente la discapacidad no te permiten entregar documentos, incluso si las personas tienen los certificados de discapacidad.
“Yo tengo discapacidad múltiple y me hicieron pagar un certificado del IMSS Bienestar, sin expediente ni registro, sólo pagar porque dicen que ese es el único que vale con ellos. Tengo cinco certificados de discapacidad gubernamentales y dos credenciales estatal y federal vigentes. Aun así no reconocen mi discapacidad y la invalidan. Me dicen que no me veo discapacitada. Una burla el trato”, relata, lo que violenta el principio de gratuidad en servicios de certificación que establece la normativa federal vigente.
Si bien el problema es común a personas con todas las discapacidades, es particularmente problemático para personas con condiciones crónicas o invisibles, como fibromialgia, síndrome de Ehlers-Danlos, lupus u otras enfermedades que generan dolor, fatiga o limitaciones funcionales sin manifestaciones físicas evidentes.
Para quienes enfrentan estas condiciones, el proceso institucional termina convirtiéndose en una cadena de filtros. “Si no se ve, no cuenta”, resume Marialú Castro.