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Donald Trump dio un giro radical a su política migratoria con la reactivación de una medida que había generado gran controversia en el pasado.
La administración estadounidense implementó nuevamente la regla de “carga pública”, una normativa que permite a las autoridades consulares negar visas americanas o residencias a extranjeros que, según su evaluación, puedan convertirse en una carga financiera para el sistema público del país.
Esta decisión afecta especialmente a personas con ciertas condiciones de salud, edad avanzada o recursos económicos limitados, quienes ahora enfrentan barreras más estrictas para ingresar o establecerse en Estados Unidos.
La regla que cambia las visas americanas: quiénes quedan fuera de Estados Unidos
La nueva directriz del Departamento de Estado establece criterios exhaustivos para evaluar cada solicitud de visa americana.
Los funcionarios consulares deben analizar múltiples factores que incluyen el estado de salud del solicitante, su edad, dominio del idioma inglés, nivel de ingresos y la probabilidad de requerir atención médica costosa a largo plazo.
En la práctica, personas con obesidad, diabetes, enfermedades crónicas o de edad avanzada podrían ser consideradas “inadmisibles”.
Del sueño americano a la pesadilla burocrática: cómo funciona la nueva evaluación
Donald Trump justificó esta medida bajo el argumento de proteger al “contribuyente estadounidense” y garantizar que el país solo admita personas “autosuficientes”.
Durante la administración de Joe Biden, esta regla había sido limitada únicamente a casos de asistencia económica directa o atención institucional prolongada. Sin embargo, con el regreso de la versión ampliada, prácticamente cualquier solicitante que no demuestre solvencia económica o salud estable podría ver rechazada su petición.
La implementación de esta política implica que los consulados estadounidenses alrededor del mundo deben realizar evaluaciones más rigurosas, considerando no solo la situación actual del solicitante sino también proyecciones futuras sobre su capacidad de mantenerse sin depender de servicios públicos.
