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Desde marzo de 2026, los residentes permanentes legales en Estados Unidos, incluidos mexicanos con green card, quedarán fuera de los préstamos federales más accesibles, tras una decisión de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) que redefine quién puede acceder a créditos respaldados por el gobierno.

La medida eliminó la posibilidad de que inmigrantes legales reciban financiamiento oficial para negocios, un respaldo clave para muchos emprendedores que operan y generan empleo dentro del país norteamericano.

La restricción altera un esquema que históricamente apoyaba a pequeñas empresas, incluidos proyectos encabezados por migrantes con residencia legal permanente.

Qué préstamos ya no podrán solicitar los migrantes con green card en Estados Unidos

Desde el 1 de marzo de 2026, los residentes permanentes legales dejarán de ser elegibles para los préstamos respaldados por la SBA, considerados los créditos más baratos y flexibles del sistema financiero estadounidense.

La medida eliminó la posibilidad de que inmigrantes legales reciban financiamiento oficial para negocios, un respaldo clave para muchos emprendedores que operan y generan empleo dentro del país norteamericano.

Entre ellos se encuentran los programas 7(a) y 504, utilizados para capital de trabajo, compra de equipo o adquisición de inmuebles comerciales, con tasas preferenciales y plazos extendidos.

El cambio implica que, aunque una persona viva y trabaje legalmente en Estados Unidos, no podrá acceder a estos financiamientos si no cuenta con ciudadanía estadounidense. Con esta decisión, los préstamos federales quedan reservados exclusivamente para empresas propiedad de ciudadanos estadounidenses.

Por qué Estados Unidos cerró el acceso a créditos federales

La SBA argumentó que la modificación busca priorizar el uso de recursos públicos en negocios controlados únicamente por ciudadanos, endureciendo los criterios de elegibilidad vigentes.

En los meses previos, la agencia ya había limitado la participación de no ciudadanos dentro de las empresas, pero ahora la restricción es total, sin importar el porcentaje de propiedad.

Esto significa que la sola presencia de un residente permanente dentro de la estructura empresarial descalifica automáticamente el acceso al crédito federal.

La medida forma parte de una política más amplia de control sobre los programas de apoyo económico del gobierno estadounidense.