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A partir del 16 de enero de 2026, México endureció drásticamente su postura contra los vapeadores y cigarrillos electrónicos.
La reforma a la Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación, prohibió completamente la fabricación, importación, distribución y venta de estos dispositivos en todo el territorio nacional.
Las sanciones son contundentes: quienes comercialicen vapeadores enfrentarán penas de uno a ocho años de prisión y multas que oscilan entre 11,731 y 234,620 pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción.
La medida busca proteger especialmente a niños, niñas y adolescentes, considerados los sectores más vulnerables ante el consumo de estos productos. Solo se permitirá la comercialización de dispositivos de vapeo con fines médicos y bajo prescripción.
Prisión de hasta 8 años: las sanciones que enfrentan comerciantes y distribuidores
La nueva legislación no deja espacio para ambigüedades. Cualquier persona física o establecimiento comercial que fabrique, importe, almacene con fines comerciales, distribuya o venda vapeadores enfrentará consecuencias legales severas. Las penas de prisión van de uno a ocho años, y las multas económicas se calculan entre 100 y 2,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Con el valor vigente de la UMA, esto representa sanciones que van desde los 11,731 pesos hasta los 234,620 pesos.
Todas las autorizaciones sanitarias otorgadas antes de la reforma quedaron automáticamente sin efecto, lo que significa que ningún permiso previo justifica la venta de estos dispositivos.
Decomisos y clausuras: el operativo nacional contra los vapeadores
Las autoridades sanitarias mexicanas tienen ahora plenas facultades para realizar verificaciones, decomisar productos y clausurar establecimientos que incumplan con la prohibición. Durante los operativos de inspección, los vapeadores encontrados serán asegurados inmediatamente, sin importar si son dispositivos desechables, de un solo uso o aquellos que no contienen nicotina. La reforma aplica a todos los tipos de cigarrillos electrónicos sin excepción. Los comercios que continúen vendiendo estos productos enfrentarán no solo las multas económicas, sino también el cierre definitivo de sus establecimientos.
Consumo personal permitido: la única excepción a la norma
Aunque la ley es estricta con la comercialización, la reforma aclara que el consumo personal y la posesión de vapeadores no generan sanción, siempre que no exista intención de venta, publicidad o suministro a terceros. La única vía legal para adquirir productos de vapeo será con fines médicos y mediante receta médica expedida por un profesional de la salud.
Esta medida refleja el objetivo principal de la reforma: proteger la salud pública y reducir el acceso a estos dispositivos, especialmente entre la población joven del país.
