En un gesto a los mercados, Bolsonaro promulgó la autonomía del Banco Central de Brasil

Tras la reacción por la intervención de Petrobras, el gobierno busca hacer control de daños con una agenda que también incluye la privatización de Eletrobras y Correios y el ajuste fiscal para municipios, estados y gobierno federal

El presidente Jair Bolsonaro, promulgó hace instantes la ley que otorga plena autonomía al Banco Central de Brasil, que ya tenía independencia de facto, aunque el presidente, Roberto Campos Neto, es técnicamente un miembro del gabinete designado por el presidente.

La nueva legislación garantiza que la institución esté completamente libre de interferencias políticas, establecer términos fijos de cuatro años para el presidente y directores del banco y endurecer las reglas sobre su salida del cargo. Los mandatos fijos de cuatro años de los directores de los bancos centrales ya no coincidirán con el ciclo de elecciones presidenciales del país

La medida está incluida en la estrategia de control de daños que encaró Planalto, tras la fuerte reacción de los mercados frente a los cambios en Petrobras. La agenda del gobierno incluye el desbloqueo de los procesos de privatización de Eletrobras y Correios, y la aprobación de un nuevo Proyecto de Enmienda Constitucional (PEC) que plantea nuevos ajustes fiscales para los municipios, estados y el gobierno federal, a cambio del pago de una nueva asistencia de emergencia para los sectores más golpeados por la crisis.

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El hecho de que Bolsonaro -visiblemente ofuscado por el aumento de precios en los combustibles- decidiera cambiar unilateralmente la presidencia de la mayor empresa del país alteró a los inversores y generó dudas sobre el poder real del ministro de Economía, Paulo Guedes, en la política económica del gobierno.

Tras la polémica, Bolsonaro explicó que "La energía es algo sumamente importante para nosotros. No nos estamos peleando con Petrobras. Sí queremos que, cada vez más, nos transmita transparencia y previsibilidad", en un gesto de tranquilidad para los mercados.

El martes Bolsonaro entregó personalmente al congreso (vía medida provisional) la propuesta de privatización de Eletrobras, a través de un proceso de capitalización del que el Estado se abstendría de participar y dejaría al sector privado con el control de la compañía. Según el secretario especial de Desestatización del Ministerio de Economía, Diogo MacCord, el proceso de capitalización debería ocurrir en diciembre.

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Bolsonaro también enviaría hoy al congreso el proyecto de ley para privatizar el correo. Se evalúan tres caminos: uno es poner a la venta todas las operaciones de Correios; otra es dividirlo por regiones de operación; o por unidades de negocio, por ejemplo, logística o pedidos urgentes, entre otros. Entre otras cosas, el proyecto exige una mayor eficiencia en las entregas.

Mientras tanto, en el senado el gobierno se prepara para una dura negociación por la Proyecto de Enmienda Constitucional (PEC) de emergencia, que incluye una cláusula de calamidad pública con la que Guedes planea financiar un nuevo bono de asistencia por 250 reales (u$s 46) que duraría cuatro meses, sin romper el techo de gasto público.

Para compensar el aumento del gasto, el PEC propone una serie de ajustes fiscales. Por ejemplo, la propuesta elimina los pisos de inversión en educación (del 18% al 25%) y salud (del 12% al 15%) para los municipios, estados y el gobierno federal. El ministro de Economía confía en que un gesto hacia la agenda de austeridad podría neutralizar el efecto del cambio de mando de Petrobras entre los inversores.

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Según Folha de Sao Paulo, la cláusula de calamidad pública también le permitiría a Bolsonaro seguir con su plan de exención impositiva sobre el gas y el diésel (que entrará en vigencia el próximo 1 de marzo) sin la necesidad de compensar las pérdidas con ajustes en otras áreas. La medida había sido anunciada un día antes de que el mandatario decidiera remover a Roberto Castello Branco de la presidencia de Petrobras, preocupado por los sucesivos aumentos en el combustible, que estaban tensando su relación con los camioneros, parte de su base electoral.

Por su parte, los senadores califican al proyecto de "insensible" y retrasaron la votación del proyecto (prevista originalmente para mañana) hasta el martes. Además, planean rechazar todos los puntos de la reforma, excepto aquellos vinculados con la ayuda de emergencia.

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