España: Pedro Sánchez apuesta por una superministra de Economía para potenciar la recuperación

Designó como su vice a la responsable de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, quien preservará todas sus funciones en Hacienda, entre ellas su rol clave ante la Comisión Europea.

Nadia Calviño ascendió en el escalafón gubernamental al ser nombrada vicepresidenta primera del Ejecutivo manteniendo sus responsabilidades como responsable de asuntos económicos, entre otras, la presidencia de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, y ser la máxima representante del Gobierno, después del presidente claro, ante la Comisión Europea, lugar del que procede profesionalmente y que conoce a la perfección.

Pero, al tiempo que conserva todas las atribuciones previas, el hecho de ser la vicepresidenta primera la obligará a sustituir al presidente cuando este esté ausente y es posible que la exponga públicamente algo más de lo que ya lo está, en especial, en sus comparecencias en el Congreso y el Senado durante las sesiones de control al Ejecutivo.

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Es posible que Teodoro García Egea, secretario general del PP, quien semanalmente mantenía un enfrentamiento dialéctico con Carmen Calvo, vicepresidenta primera hasta ahora, lo traslade ahora al nuevo ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, por cuanto parece que este será quien coordine la actuación política del Ejecutivo, pero, dado que Pedro Sánchez quiere centrar la actuación gubernamental en la recuperación económica, no sería extraño que las preguntas a Calviño ganaran relevancia en la nueva etapa y que ello pueda suponer un desgaste para la persona más valorada del Gobierno, según las encuestas.

En todo caso, está claro que Calviño ha adquirido una mayor relevancia tras la remodelación del Gobierno y que ahora deberá mostrar sus mejores dotes negociadoras interna y externamente porque las cuestiones a las que se enfrentará son muy importantes. 

Si la pandemia lo permite, y todo parece indicar que será así, la macroeconomía no va a producir grandes sustos en los próximos trimestres. En unas semanas se conocerá la tasa de crecimiento del segundo trimestre del año que, según todos los indicadores, se situará, al menos, un 16% por encima del registrado en el mismo periodo del año pasado, cuando la crisis dejó sentir sus peores efectos.

Crecimiento del PBI

El importante aumento del proceso de vacunación está permitiendo que, aunque hay un fuerte rebrote de contagios, en España y en el resto de Europa, la actividad no se esté viendo demasiado afectada ni siquiera en el sector relacionado con el ocio, aunque el turismo internacional es posible que crezca a un ritmo menor del esperado. Todo parece indicar que el PBI en este año crecerá por encima del 6% y en una cifra similar el año próximo, lo que permitirá recuperar el nivel de 2019 antes de que termine el próximo ejercicio. Este crecimiento reducirá la tasa de paro, aunque por el camino se queden fuera empresas y actividades con el consiguiente efecto sobre el empleo. La inflación, aunque preocupa en algunos sectores, no parece que lo haga entre los responsables ni de la política fiscal ni de la monetaria lo que permite augurar que no habrá restricciones por parte de ninguna de estas en el periodo más cercano.

Pero, si por el flanco de las grandes cifras Nadia Calviño no solo no va a tener sorpresas desagradables sino más bien lo contrario, si se desciende a cuestiones y situaciones más concretas la vicepresidenta tendrá que enfrentarse a presiones internas y externas. La puesta en marcha del programa de ayudas directas a autónomos y pequeñas y medianas empresas (11.000 millones de euros de los que una parte serán entregas finalistas y otra se usará para reducir parte de la deuda de estos colectivos empresariales) tiene que iniciarse ya y es probable que se produzcan desajustes y agravios comparativos, al menos inicialmente.

La reforma laboral, que debe elaborarse bajo la dirección de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la segunda parte de la de las pensiones, bajo la responsabilidad de José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, son dos compromisos sobre los que debe responder ante Bruselas entre los últimos meses de este año y los primeros del siguiente. No es Calviño la directamente responsable de estos dos profundos cambios que se quieren poner en marcha pero sí tendrá que defenderlos ante Bruselas, además de ejercer la coordinación de todos los asuntos económicos a través de la Comisión Delegada, y la cuestión es que ya han provocado tensiones en las negociaciones iniciales.

La ultra actividad de los convenios, la eliminación de varios de los tipos de contratos existentes con el objetivo de reducir la temporalidad, la dualidad existente entre los trabajadores a cuenta de las condiciones finales de despido, y sobre todo la inseguridad laboral, son algunos de los elementos de confrontación en el diálogo social que Trabajo mantiene con empresarios y sindicatos. Mientras que Yolanda Díaz quiere una derogación completa de la reforma laboral del PP de Mariano Rajoy, Calviño siempre se ha mostrado partidaria de llevar a cabo una reforma del Estatuto de los trabajadores para adecuarlo a la nueva realidad de la sociedad española sin que ello implique necesariamente arrumbar todo lo que legisló el PP cuando estaba en el ejercicio del poder.

Otro frente de discusión entre las dos 'almas' del Gobierno en el terreno laboral lo viene protagonizando el salario mínimo interprofesional sobre el que existe un compromiso programático de que llegue al 60% del salario medio en la actual legislatura. Unidas Podemos considera que hay que ir haciendo subidas cada año, en el actual no se ha hecho todavía, mientras que Calviño, y parte del Gobierno, considera que en las circunstancias actuales con las consecuencias de la pandemia y el elevado nivel de paro existente lo esencial es recuperar la mayor parte posible de empleo y que una subida ahora del SMI, sin renunciar al compromiso existente, podría ser negativa para conseguirlo.

Reforma de las pensiones

La reforma de las pensiones, la parte dura de la misma, ha quedado aplazada hasta el próximo año tras los acuerdos firmados con empresarios y sindicatos para que se aprueben definitivamente por las Cortes y entren en vigor el año que viene. Pero queda lo más complicado: la garantía de sostenibilidad del sistema, los años sobre los que se calculan las pensiones y la subida de las cotizaciones máximas (con la correspondiente subida de las pensiones afectadas) y las de los autónomos, especialmente bajas en la actualidad en comparación con las rentas generadas.

Aunque tampoco es responsabilidad directa de Calviño sino que los son de Hacienda, los Presupuestos Generales del Estado para 2022, y especialmente los de 2023, también deben contar con el visto bueno de la vicepresidenta económica independientemente de que finalmente cuenten con el apoyo parlamentario suficiente para conseguir su aprobación definitiva.

El mantenimiento, prácticamente seguro, de las laxas condiciones monetarias del BCE y la decisión de la Comisión Europea de no ser especialmente exigentes con la ortodoxia fiscal mientras la economía no se recupere de los efectos de la pandemia, hacen que la discusión interna sobre los presupuestos del año próximo no vaya a ser demasiado dura. La prevista llegada de los fondos europeos sin coste para el erario público, la mejora de la recaudación como consecuencia de la recuperación de la actividad y el consiguiente descenso en algunas partidas del gasto público ligadas a la propia crisis, aliviarán de tensiones de ese debate.

Pero no está claro que vaya a ocurrir lo mismo con los de 2023, último año de la legislatura. En ese momento la mayor parte de los países de la UE habrán recuperado con creces el nivel de riqueza de 2019. La Comisión Europea habrá discutido la vuelta al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, aunque se vaya a modificar en algunos de sus aspectos, y ello obligará a definir un marco fiscal que permita vislumbrar el camino hacia un razonable equilibrio fiscal de cara a que se vaya fortaleciendo el sistema de manera que pueda tener mejores armas que en el pasado para defenderse de posibles crisis futuras.

La economía entonces habrá regresado a tasas cercanas a su crecimiento potencial, bastante más bajo que la variación del PIB prevista para estos dos años, y el esfuerzo por rebajar el déficit fiscal y caminar hacia un horizonte de reducción relevante del nivel de deuda pública será importante. Las autoridades europeas lo empezarán a exigir con contundencia (todavía habrá que esperar la llegada de nuevos fondos europeos condicionados) y el tiempo político, por la cercanía de las elecciones siguientes si se agota toda la legislatura, tensionará las relaciones entre los dos partidos en el gobierno y con sus socios parlamentarios. Todo ello teniendo en cuenta, además, que se cumplirá el plazo que los partidos nacionalistas catalanes se han dado para calibrar los avances que se puedan producir en las negociaciones con el Gobierno central. Nadia Calviño tendrá que demostrar entonces su capacidad negociadora y su valía política.

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