La era de dos décadas de libre circulación por Europa se vio interrumpida ayer, cuando algunos países decidieron seguir los pasos de Alemania e impusieron controles en sus fronteras como respuesta a un flujo de refugiados sin precedentes.


La sorpresiva decisión de la canciller Ángela Merkel de restaurar el domingo los controles fronterizos tuvo un rápido efecto dominó. Hungría cerró ayer su frontera con Serbia, y anunció que sólo tramitará peticiones de asilo de ciudadanos sirios con documentación, horas antes de que entre en vigor esta medianoche una draconiana legislación que establece penas de cárcel por entrar el país de forma ilegal.


Unas 7.500 personas alcanzaron ayer a cruzar a Hungría, desesperados antes de que entrara en vigencia la nueva política de mano dura; una cifra que superó el récord del día anterior de 5.809 personas. En tanto Austria desplegó su Ejército para vigilar la frontera con Hungría, mientras Eslovaquia también dijo que impondría controles.


Holanda anunció que podría considerar seguir esos países y otros países de la UE, desde Suecia a Polonia, informaron que estaban siguiendo de cerca la situación. "Si Alemania lleva a cabo controles fronterizos, Austria debe poner en marcha controles fronterizos más contundentes", dijo el vicecanciller Reinhold Mitterlehner en una rueda de prensa conjunta con el canciller Werner Faymann.


Las medidas son la mayor amenaza al sistema de Schengen, que desde 1995 eliminó los controles fronterizos en toda Europa y se sitúa junto a la moneda única como uno de los mayores logros de integración en el continente.


Los 26 países europeos del área Schengen cuentan con visados comunes y las fronteras entre ellos no están vigiladas, pero las normas aún prohíben a inmigrantes indocumentados viajar dentro de la zona. Esto ha provocado caos mientras cientos de miles de personas llegan a las fronteras del sur y este del bloque en su camino a países más ricos del norte y oeste en busca de asilo.


Las medidas de los países se conocieron el mismo día en que los ministros de Interior de la UE intentaban, sin éxito, dar un respaldo político unánime al reparto en cuotas de 120.000 refugiados llegados a Hungría, Grecia e Italia que propuso la Comisión Europea.


Fuentes comunitarias indicaron que los países que bloquearon el acuerdo fueron la República Checa, Eslovaquia, Polonia, Hungría, Letonia y Rumanía, y apuntaron a que el anuncio por parte de Francia y Alemania de un acuerdo político antes del fin de la reunión no ayudó a conciliar las posiciones de los países.