Duque no quiere a Colombia en la ola de rebeliones y analiza medidas para el paro del jueves

Los sindicatos convocaron a protestar contra una reforma laboral y otra previsional que, afirman, impulsa el presidente Duque. Preocupa el contexto regional de reacciones contra ese tipo de medidas.

En vista de la huelga nacional del próximo jueves, el gobierno de Colombia está tomando recaudos por eventuales actos de vandalismo, ya que teme que el paro desemboque en disturbios como los de las últimas semanas en Quito, Santiago de Chile y La Paz, en medio de la agitación política que vienen registrando Ecuador, Chile y Bolivia. 

El gobierno colombiano anunció hoy que para el jueves autorizará a alcaldes y gobernadores a adoptar medidas excepcionales, como la restricción a la libre circulación y la permanencia en espacios públicos.

Las marchas convocadas por estudiantes, sectores de la izquierda y sindicatos para el jueves buscan rechazar medidas como una reforma laboral y una reforma previsional que aseguran impulsa la gestión del presidente Iván Duque y que según apuntan los sindicatos, supondría un nuevo recorte de derechos y la paulatina privatización del sistema público. Duque negó repetidamente medidas reformistas en ese e en un intento por desactivar la jornada de protestas.

"En las próximas horas estará el presidente expidiendo un decreto en el cual se faculta y se llama a gobernadores y alcaldes para tomar medidas (...) y la posibilidad de un toque de queda cuando las circunstancias la ameriten", dijo la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.

Agregó que existen "falsas motivaciones para el llamamiento al paro" y negó el gobierno promueva aumentar la edad de jubilación, los aportes de los trabajadores para acceder a la jubilación, una reducción del salario mínimo o autorizar a que los jóvenes reciban una remuneración por debajo de la estipulada por la ley.

Recientes marchas y concentraciones de estudiantes en ciudades como Bogotá terminaron en actos de vandalismo que incluyeron ataques a la Policía Nacional, destrucción de locales comerciales y sucursales bancarias, así como de estaciones del sistema de autobuses. 

Asimismo, los sindicatos reclaman, además de un salario digno, el cumplimiento de los acuerdos firmados con profesores y funcionarios, así como una reforma que fortalezca los derechos de estudiantes, indígenas y trabajadores del campo.

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