El Gobierno prepara una nueva serie de iniciativas legislativas que enviará al Congreso con el objetivo de reforzar la protección de la propiedad privada y generar condiciones que, según la administración nacional, favorezcan la llegada de inversiones al país.
Entre las medidas que integran el paquete se destaca un proyecto que propone establecer mecanismos de desalojo rápido para casos de ocupación ilegal de viviendas, con el objetivo de restituir los inmuebles a sus propietarios en un plazo breve.
La iniciativa surge luego de que el Parlamento avanzara con otras reformas impulsadas por el oficialismo, entre ellas cambios vinculados a la modernización laboral y modificaciones en el Código Penal relacionadas con la edad de imputabilidad. Ahora, la Casa Rosada busca ampliar la agenda legislativa con nuevas propuestas centradas en seguridad jurídica y actividad económica.
Desalojos rápidos: el eje del proyecto
El plan contempla la creación de un procedimiento abreviado que permita acelerar los procesos judiciales cuando se detecte la ocupación ilegal de una propiedad. De acuerdo con lo adelantado por el Ejecutivo, la normativa buscaría que el inmueble vuelva a manos de su dueño en menos de cinco días.
Durante una conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó que la iniciativa pretende enfrentar el problema de las ocupaciones ilegales mediante un trámite judicial simplificado.
Según señaló el funcionario, la propuesta apunta a que los procesos se tramiten por una vía sumarísima que permita retirar rápidamente a quienes ingresaron de forma irregular y restituir la vivienda a su titular.
Desde el Gobierno consideran que la problemática de las ocupaciones genera incertidumbre entre propietarios y afecta el funcionamiento del mercado inmobiliario, en particular el segmento de alquileres.
En ese sentido, sostienen que una legislación que garantice procedimientos de restitución más ágiles podría incentivar a los dueños a volver a ofrecer sus propiedades en alquiler, en un contexto en el que el mercado intenta reacomodarse tras la derogación de la antigua ley que regulaba los contratos.
Cambios para atraer inversiones
La iniciativa forma parte de un paquete más amplio de proyectos que el oficialismo planea discutir en el Congreso. Entre ellos también se evalúa eliminar restricciones vigentes para que personas o empresas extranjeras puedan adquirir tierras en Argentina, una normativa que, según el Gobierno, limita inversiones en sectores estratégicos como energía, minería o agroindustria.
La administración nacional sostiene que el país atraviesa un momento en el que despierta interés de inversores internacionales y que ciertas regulaciones dificultan la concreción de proyectos productivos de gran escala.
Otros proyectos en agenda
Además de las reformas vinculadas a propiedad privada e inversiones, el paquete legislativo incluiría otras iniciativas. Una de ellas plantea destinar el 10% de los ingresos provenientes de privatizaciones a la compra de equipamiento militar para fortalecer la defensa nacional.
Por otro lado, el Ejecutivo buscará avanzar con una concesión por 30 años del complejo hotelero de Chapadmalal, con el objetivo de impulsar su desarrollo mediante gestión privada.