Los mayoristas continúan expandiéndose pese a sus percances políticos

Una de las consecuencias directas de la inflación galopante, que ya es una característica intrínseca de la economía criolla durante las últimas décadas, es el apogeo de los denominados supermercados mayoristas: generalmente ubicados en grandes galpones en las afueras de las ciudades, estos supermercados permiten ahorrar dinero al comprar mercadería en grandes cantidades. A esta estrategia, denominada "stockeo", se la complementa con la elección de los días en donde dichas tiendas ofrecen descuentos con diversas tarjetas de bancos, lo cual permite comprar más barato de lo que estará el mismo producto en los meses subsiguientes.

Uno de los ejemplos de expansión de las cadenas de mayoristas es Diarco: líder en su categoría, cuenta con más de 40 años de trayectoria y está por alcanzar la meta de las 100 tiendas en todo el país. Comenzó sus actividades en 1980 y hoy tiene más de 2000 empleados. Para este año tiene dentro de su planificación la apertura de diez nuevos locales con una inversión superior a los $ 600 millones. Sin embargo, también planea abrir otros quince locales que denomina "barriales": busca extender su capilaridad a partir de la competencia con las otras marcas que permiten reponer cotidianamente productos sin que la compra demande demasiado tiempo. Sin embargo, la marca estuvo involucrada en 2015 en disputas legales con la AFIP: el ente recaudatorio realizó dicho año una denuncia que fue ratificada ante el Juzgado Federal Penal Tributario N°3, a cargo de la jueza María Verónica Straccia, por cuentas no declaradas y maniobras abusivas para ocultar fondos luego de descubrir depósitos bancarios en Ginebra por la suma de más de 3000 millones de dólares. En 11 de esas 12 cuentas figuró como titular el actual accionista mayoritario de Diarco.

La tienda Makro tiene más de cien años de historia: nació en Países Bajos como un local de venta de carbón, y luego se expandió y diversificó, hasta desembarcar en la Argentina hacia 1988. El grupo inversor dueño de la marca en el país, Steenkolen Handels Vereeniging (SHV), cuenta con más de una veintena de sucursales en diez provincias distintas. Proyectan una inversión de $ 100 millones para renovar sus tiendas y en su plan de expansión prometen dos tiendas nuevas por año. Para aggionarse a los cambios de la categoría, también readaptó su propuesta comercial para orientarse al consumidor final, reconvirtiéndose en un auténtico mayorista inclusivo. En la actualidad, la cadena holandesa suele ser mencionada en las noticias políticas por disputas con la cartera de la Secretaría de Comercio: desde el ente que fuera presidido hasta mayo de este año por Roberto Feletti habían declarado que los supermercados mayoristas como Vital o Makro cumplían hasta un 10% menos con el límite de precios establecido por el Gobierno Nacional.

Sin embargo, no fue aquella la primera vez que un organismo público contrajo rispideces con los supermercados mayoristas, y esto evidentemente sucedió de manera indistinta a la orientación política del Gobierno de turno. Durante 2017, la Dirección Nacional de Defensa al consumidor sancionó por más de $ 18 millones a diversos supermercados, entre los que se encontraban los mayoristas Makro y Vital, por incumplimientos en la exhibición de precios, su rotulado y su origen, como así por mostrar publicidad engañosa. En algunas tiendas, los inspectores dieron registro de un mal funcionamiento de las balanzas del sector de frutas, carne y verduras.

Vital, la tienda mayorista que comenzó con un local en San Justo hace tres décadas y se expandió en el Conurbano bonaerense, no performa de la mejor manera en cuanto a su reputación laboral como empleador: cuenta con una gran parte de los delegados de sus tiendas en litigio contra la compañía por denuncias de deudas en el pago de horas extras, liquidaciones incorrectas, sueldos por debajo de la categoría adecuada y otras supuestas irregularidades que incumplen la Ley de Contrato de Trabajo. Delegados sindicales han denunciado que sufren una "persecución constante" y hasta postulan que la empresa arma causas inventadas para justificar sus despidos, tal como fue el caso de Alejandro Ocampo, delegado de la sucursal de Avellaneda. De acuerdo con diversos testimonios de empleados, denuncian que Vital tiene una política antisindical: realizarían auditorías de escribanos fantasmas que certifican ausencias inexistentes y presuntos incumplimientos a sus tareas para evitar pagar la doble indemnización (cuando correspondía dicho resarcimiento).

Pese a estos percances, los mayoristas no paran de crecer, proyectan nuevas aperturas, buscan competirle a players de la venta minorista y generan cada semana colas interminables de clientes que buscan de alguna manera ganarle a la inflación. La compra en dichas tiendas se vuelve tan conveniente que en las ciudades fronterizas del país terminan por atraer a "tours" de residentes extranjeros, que cruzan la frontera para stockearse de productos a un bajo costo con el beneficio cambiario.

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