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Una especie que llegó a Tierra del Fuego hace 90 años terminó protagonizando una inesperada disputa judicial. Los conejos europeos, considerados una amenaza para la biodiversidad, fueron reconocidos por la Justicia como seres sintientes con derechos que deben recibir protección.
La decisión fue tomada por el juez federal Federico Calvete, luego de una causa iniciada por un intento de controlar la población de estos animales mediante un método que generó el rechazo de organizaciones proteccionistas.
Cómo llegaron los conejos europeos a Tierra del Fuego
La presencia de estos animales en la región se remonta a 1936, cuando dos parejas de conejos europeos fueron liberadas cerca de Porvenir, en el territorio chileno de la Isla Grande de Tierra del Fuego.
La expansión fue extraordinariamente rápida. De acuerdo con registros de Parques Nacionales, para 1953 la población ya había superado los 30 millones de ejemplares y también se había extendido hacia el territorio argentino.
Años después hubo nuevas introducciones cerca de Ushuaia, que contribuyeron a consolidar la presencia de la especie en la isla.
El problema está relacionado con la capacidad reproductiva del animal: la gestación dura alrededor de un mes y las hembras pueden tener varias camadas al año, con varios gazapos en cada una.
Por qué los conejos son considerados una amenaza ambiental
Los conejos europeos no solo se expandieron rápidamente, sino que modificaron distintos ambientes de la Patagonia. Sus colonias construyen extensas redes de madrigueras que pueden profundizar varios metros.
Estas características generaron problemas sobre el suelo, los pastizales y distintas actividades productivas. También fueron señalados como un factor de riesgo en sectores próximos al aeropuerto de Ushuaia.
Por eso, el Estado argentino los incorporó dentro de las especies exóticas invasoras y, en 2020, una resolución del entonces Ministerio de Ambiente calificó a sus poblaciones silvestres como “dañinas y perjudiciales” para la biodiversidad y las actividades productivas.
La especie también figura entre los organismos exóticos invasores de mayor impacto identificados a nivel internacional.
El intento de eliminarlos que terminó en la Justicia
El conflicto judicial comenzó en 2020, cuando el Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC) planteó una estrategia para reducir la cantidad de conejos dentro de su predio, ubicado en las inmediaciones de Ushuaia.
La propuesta contemplaba utilizar fosfuro de aluminio, una sustancia que al entrar en contacto con la humedad libera gas fosfano. Según se había planteado, las madrigueras de los animales afectaban el terreno y podían comprometer estructuras del lugar.
El procedimiento finalmente no se llevó adelante. Organizaciones proteccionistas recurrieron a la Justicia y el juez Calvete ordenó suspenderlo.
A partir de allí comenzó un expediente que se extendió durante varios años y que terminó abriendo una discusión mucho más amplia: qué protección jurídica corresponde otorgar a un animal considerado, al mismo tiempo, una especie invasora.
En su resolución, el magistrado sostuvo que los conejos son seres sintientes y que, por esa condición, no pueden ser tratados jurídicamente como si fueran objetos.
De esta manera, el fallo reconoció que los animales no humanos tienen derechos fundamentales y que pueden recibir protección judicial, incluso en un caso donde existe una política estatal destinada a controlar su población.
