El cierre definitivo de las operaciones gestionadas por el grupo venezolano Maralac S.A. llevó a que concluye la actividad para una famosa marca de lácteos del sector industrial. La medida impacto en las plantas de Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA) y a la histórica firma La Suipachense. Las razones de que se decidiera bajar las persianas se deben a un proceso de crisis financiera que se agravó en los últimos años y que llevó a la empresa a un concurso preventivo en marzo de 2024 que no logró prosperar. La Justicia determinó la quiebra definitiva tras constatar la falta de inversores o interesados en rescatar las unidades productivas tras las deudas millonarias que sostuvo la firma. ARSA era la encargada de producir y comercializar los yogures, postres y flanes bajo la licencia de la marca SanCor. Estos productos lácteos fueron durante décadas un referente en el consumo masivos de muchas familias argentinas. Como consecuencia del cierre, cerca de 520 personas perdieron sus puestos de trabajo. El impacto laboral se distribuye en distintas localidades: Para muchas de estas localidades, estas fábricas de lácteos representaban el motor económico principal de la zona. Así, el cierre genera una crisis social profunda y un panorama incierto para las familias afectadas. El fallo judicial dictado por el Juzgado Comercial Nº 29 dispuso la liquidación total de los bienes de ARSA y Lácteos Conosur (controladora de La Suipachense). Esta decisión implica que se procederá al remate de las instalaciones, maquinarias y activos para intentar cubrir las deudas con los acreedores. Además, se ordenaron embargos sobre las cuentas bancarias y una inhibición general de bienes sobre los responsables de la administración. De esta forma, la Justicia definió el futuro económico de la firma. Algunas marcas insignia como Shimy, Sancorito, Sublime y los flanes caseros SanCor desaparecerán de las góndolas de los supermercados. Al interrumpirse la producción y no existir una continuidad comercial bajo la licencia actual, la red logística que abastecía a unos 70.000 comercios en todo el país dejó de funcionar. Por otra parte, el futuro de los predios y las fábricas dependerá de si alguna firma del sector decide adquirir los activos durante el proceso de liquidación para retomar la producción bajo nuevas marcas o condiciones. Hasta la fecha, el cese de actividades es total y definitivo. Tampoco se sabe cuándo cobrarán sus indemnizaciones los cientos de trabajadores que perdieron su empleo, ya que este pago depende de los fondos que se obtengan de la subasta judicial.