No cabe duda de que el desarrollo de la telefonía celular en la Argentina es parte de una tendencia mundial: más de 1.500 millones de personas ya adoptaron esta tecnología para comunicarse. Y en la Argentina, esta cifra alcanzará a fin de año los 19 millones de usuarios, lo que equivale a más de 50% de la población. Su expansión hoy obedece a dos variables clave: la inversión de las empresas que prestan este servicio, y la expansión de la red física que permite integrar más clientes a la aldea global de las comunicaciones.
En la Argentina, estos factores están dominados por un factor esencial: la voluntad de las empresas de avanzar. Los desembolsos pautados por los cuatro operadores para este año rondan los u$s 500 millones. Sin embargo, las regulaciones que emanan de los municipios a veces provocan una interferencia que no es fácil de resolver. Este espacio de reglas difusas deriva en conflictos donde el interés más afectado suele ser el del usuario. Esta problemática fue el tema convocante de la segunda edición del Foro de Telecomunicaciones organizado por El Cronista, en el que participaron Norberto Capellán, titular de la Cámara de Informática y Comunicaciones (Cicomra), Alejandro Fargosi, presidente de la Asociación Argentina del Derecho de las Telecomunicaciones (AADT), Daniel Cravacuore, director de la Unidad de Fortalecimiento de Gobiernos Locales de la Universidad de Quilmes, y Orlando Pulvirenti, abogado especializado en derecho municipal, miembro del estudio Bunge, Smith & Luchía Puig.
“Hay unas 6.000 infraestructuras de antenas en la Argentina y se instalan unas 10 radiobases por día. El problema está en que a veces las compañías se ven frenadas a la hora de desarrollar estas redes , planteó en el comienzo Capellán, quien agregó que los conflictos se suelen dar por la superposición de jurisdicciones municipales, provinciales y nacionales, no sólo a la hora de instalar nuevas antenas sino también por objeciones de las autoridades locales sobre las que ya están funcionando. “Hay que entender algo básico: sin antenas, no hay servicio , enfatizó el titular de Cicomra, quien recordó que en algunos distritos les han planteado a las empresas poner las antenas a 3 km del centro urbano, y otros hasta propusieron agruparlas en un parque, algo técnicamente inconcebible.
Fargosi, a su turno, consideró que “el problema no es la ley sino cómo el gobierno federal ejerce su función y cómo los gobiernos locales muchas veces quieren carnear a la vaca que les da la leche . “Es un diálogo que hay que hacer madurar, y la solución está en la eficiencia y prudencia de los que tienen que hacer cumplir la ley .
Pulvirenti, a su vez, describió las dos principales áreas de conflicto entre las empresas y los municipios: “la primera son los gravámenes que aplican las intendencias a las compañías y la segunda es el poder de policía en cuanto a lo referido a planeamiento urbano y zonificación . Desde su punto de vista, las comunas “sólo pueden vigilar en dónde se colocan las antenas, y la seguridad edilicia del lugar en el que están ubicadas , ya que el servicio emana de una norma federal, y por esa razón su funcionamiento no puede ser entorpecido o impedido por una norma municipal.
Cravacuore, por su parte, aportó un punto de vista más comprensivo hacia los municipios, a partir de la revalorización que tuvieron en la reforma constitucional de 1994. “Claramente, es más fácil negociar con el Estado Nacional que con los 2.203 gobiernos locales de la Argentina , aunque aclaró que así son las reglas de juego que deben respetar las empresas.
“Desde el punto de vista técnico, puede ser lógico que pongan una antena al lado de la medianera de un vecino o en un lugar público, pero no lo es desde el punto de vista ciudadano .
Tanto Capellán como Fargosi plantearon que la voracidad fiscal que muestran algunos gobiernos locales tiene que ver con un déficit crónico de financiamiento: el 10% del gasto público en la Argentina es municipal, y las comunas suelen depender de aportes extraordinarios para sobrevivir. En muchos casos la telefonía celular suele ser una de las principales actividades visibles que se registran en su distrito, y por eso se le aplican tasas que no se corresponden con el servicio tarifado, como ser que por cada antena se pague seguridad e higiene, o montos por habilitación de radiobases que que a veces absorben hasta 10% de la facturación en esos distritos. Fargosi incluso consideró que la coparticipación federal de impuestos debería ser modificada para que los municipios no salgan a captar fondos por otras vías.
Cravacuore señaló luego que muchos de estos cruces suelen darse por un tema de desinformación de las empresas sobre el funcionamiento de los municipios. “A veces tocan los timbres equivocados y hay una falta de diálogo notable . Capellán también valoró este factor, y remarcó que para mejorar la comunicación, Cicomra inició una serie de actividades (la más reciente fue un seminario en Mendoza, en el que participaron tanto hombres de las empresas como intendentes y funcionarios provinciales) en los que el objetivo central es dar información, para que no se regule sobre aspectos incumplibles. “La clave –redondeó Pulvirenti– es conciliar la calidad de vida del usuario como vecino y la calidad del servicio que debe dar la empresa, en un marco de razonabilidad .
