Las métricas de deuda argentina ya son compatibles con el acceso a financiamiento de mercado y el balance soberano dejó de ser el cuello de botella. Así lo reflejó un informe de Facimex que dejó en evidencia que lo que falta no es ajuste fiscal adicional ni licuación, sino confianza en la continuidad del esquema macro, cambiario y político.
Adrián Yarde Buller, estratega jefe de la consultora, comentó a El Cronista que, las condiciones en que se logró el repo por u$s 3000 millones, especialmente con relación al costo financiero, “consolidan la expectativa de que la Argentina pueda pronto reacceder al mercado internacional con una emisión de bonos”.
Para el experto, si bien la colocación fue más corta que los repos anteriores, “el costo financiero fue bajo con un spread de apenas 400 pbs con respecto a la tasa libre de riesgo”. Por supuesto que los spreads son muy altos todavía en la comparación internacional, “pero no tenemos que perder de vista de donde venimos y el progreso realizado”, advirtió Yarde Buller.
La clave del análisis no está en la deuda tradicional del Tesoro, sino en una métrica más exigente: la deuda neta consolidada del sector público nacional. Le pone números concretos a la idea de que el riesgo país hoy refleja más dudas políticas y de régimen que una fragilidad objetiva del balance público.
El documento suma la deuda del Tesoro y del Banco Central, resta las tenencias dentro del propio sector público —como ANSES o Banco Nación— y descuenta además la liquidez del Estado, es decir, reservas netas del Banco Central (BCRA) y depósitos del Tesoro en pesos y dólares. El resultado es una imagen más realista del apalancamiento efectivo.
Con esa metodología, la deuda neta consolidada se ubicó en el 3T25 en u$s 234.000 millones, equivalente al 33,4% del Producto Bruto Interno (PBI), el nivel más bajo desde fines de 2018.
Más relevante aún: acumula seis trimestres consecutivos de caída, incluso en un contexto en el que el tipo de cambio real multilateral se apreció cerca de 9%. No hubo licuación cambiaria clásica, sino una corrección de balance.
La composición por moneda refuerza el diagnóstico. La deuda neta en pesos cayó a apenas 6,8% del PBI, un mínimo desde 2018. Para Facimex, esto marca un punto de inflexión: profundizar el “roll off” de la deuda en moneda local ya no aporta una mejora significativa. El ajuste por ese lado, en los hechos, está hecho. En paralelo, la deuda neta en moneda extranjera se ubica en 26,6% del PBI, un nivel bajo incluso en comparación regional.
Desde Portfolio Personal de Inversiones (PPI) también coinciden en que el costo de financiamiento ya se acerca a niveles de mercado. “Tras el probado acceso al mercado internacional por parte del sector corporativo y el debut del financiamiento provincial, que sumó u$s 2125 millones en 2025, el próximo paso lógico parece ser el del soberano”.
El broker sostiene que 2026 será el año en que la Argentina intente volver al mercado internacional. “Incluso pese a las declaraciones de fin de año del ministro Luis Caputo, cuando habló de “perder la dependencia de Wall Street”, el Gobierno tiene incentivos claros para abrir esa ventana en algún momento del año”.
Y es que más allá de la necesidad de seguir con el desarrollo del mercado doméstico, el abultado perfil de vencimientos y el rol central de la cuenta capital en el cambio de paradigma económico que busca consolidar la Argentina hacen que “el acceso a financiamiento externo no sea una opción, sino una pieza clave del programa”. Sin dólares financieros, el plan queda rengo. Y el mercado lo sabe.
Yarde Buller agregó: “La vuelta a los mercados no se da en un día, sino que es un proceso y ese proceso se está dando de manera muy consistente. Por caso, en los últimos meses además del repo tuvimos la emisión del Bonar 29, mostrando por primera vez capacidad de financiarse en dólares con vencimiento posterior al actual mandato presidencial”.
El analista financiero, Leandro Monnittola, agregó que la Argentina parece alcanzar ratios de deuda compatibles con el acceso al financiamiento, “o al menos eso es lo que sugiere el escenario que hoy muestran los principales indicadores”.
Destacó dos datos centrales. “El primero es la deuda neta consolidada del sector público, que se ubica en mínimos desde 2018. Esta métrica muestra que, desde el cambio de gobierno en 2023, la deuda cayó 7,2 puntos del PBI. Es una corrección relevante, tanto por magnitud como por persistencia”, en línea con lo que plantea Facimex en el documento.
El segundo dato clave es la deuda con privados, “una de las variables que el mercado sigue con mayor atención por su riesgo de rollover. Hoy se encuentra en mínimos desde 2016, lo que reduce sensiblemente las vulnerabilidades financieras de corto y mediano plazo”, comentó Monnittola.
En este contexto, la deuda endógena parece transitar un camino ordenado. “El foco, inevitablemente, se traslada a la deuda externa. El compromiso con los organismos internacionales sigue creciendo y es relevante —alcanza el 14,1% del PBI—, a lo que ahora se suma el repo por US$3.000 millones recientemente anunciado”, advirtió el experto.
Y agregó que si bien el crédito con privados externos se mantiene en niveles bajos —8,4% del PBI, también en mínimos desde 2016, la clave pasa por cumplir con el programa acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En ese sentido, el respaldo del organismo y de Estados Unidos al gobierno de Javier Milei en materia de financiamiento ha sido reiterado. “Así 2026 aparece como un año de ejecución y cumplimiento, más que de promesas, para consolidar el regreso del soberano al mercado”, señaló Monnittola.
¿Cuál será la estrategia del Tesoro?
PPI plantea varias alternativas sobre la mesa para lograr, al menos, un rollover parcial de los casi u$s 20.500 millones que vencen en 2026. De ese total, u$s 13.809 millones corresponden a deuda en bonos del Tesoro, BOPREAL, pagos netos al FMI y el supuesto de 100% de rollover de capital e intereses con otros organismos multilaterales.
La primera opción sería una colocación internacional tradicional, aunque ese camino exige dos condiciones políticas y legales: “La aprobación del Presupuesto y la modificación de la llamada “Ley Guzmán”, que hoy limita la agilidad para emitir deuda sin pasar por el Congreso.
Aun así, el mayor obstáculo no es normativo sino financiero. El costo de financiamiento de la Argentina sigue cerca del 10%, con un riesgo país en torno a los 571 puntos básicos, niveles que todavía resultan elevados para un regreso cómodo al mercado”.
Desde esta óptica, el EMBI+ Argentina debería comprimir entre 120 y 170 puntos básicos para ubicarse en un rango más razonable de 400/450 puntos.
Más allá del acceso tradicional, quebrar el umbral del 10% en el costo de financiamiento sería clave. “Ese nivel funciona como un catalizador para avanzar en operaciones de manejo de pasivos y canjes que puedan calificarse como voluntarios y no coercitivos desde la mirada de las agencias de crédito”, sostiene PPI.
En paralelo, Facimex no descarta nuevos repos de corto plazo, la aparición de alternativas innovadoras como esquemas de debt-to-education ni canjes de bonos destinados a reducir las necesidades brutas de financiamiento. En todos los casos, el objetivo es el mismo: ganar tiempo, bajar el riesgo y allanar el regreso pleno del soberano al mercado internacional.
