Un hedge fund norteamericano está intensificando su campaña para convencer a Perú de que pague bonos a cuarenta años defaulteados por la suma de u$s 5.000 millones, y amenazan con iniciar acciones legales contra el país, bajo un acuerdo de libre comercio que tiene el país andinos con Estados Unidos.


Gramercy, un hedge fund enfocado en mercados emergentes, compró una serie de bonos emitidos a propietarios de tierras después de que su inmueble fuera incautada por una junta izquierdista dirigida por el General Juan Velasco.


Después de asumir el poder en un golpe de 1968, Velasco comenzó un programa de redistribución, incautando tierras y ofreciendo compensación en forma de los llamados "Bonos de Reforma Agraria". Pero finalmente, el deterioro de la economía obligó al gobierno a detener el servicio de las deudas.


Hace tiempo los tribunales peruanos dictaminaron que el gobierno debía pagar los bonos. Sin embargo, una serie de administraciones se han resistido a asumir ese costo y tratado de prorrogar o reducir los pagos.
Ahora Gramercy está pidiendo que Lima pague más dinero, argumentado que los planes de pago actuales defraudan a los acreedores incluyendo a muchos peruanos y que constituye una mancha en la solvencia del país.


"Es innegable que Perú tiene capacidad para pagar una deuda de u$s 5.000 millones", señaló James Taylor, socio y director legal de Gramercy, por lo tanto "esto es claramente un incumplimiento voluntario y selectivo."
En el pasado, el gobierno peruano ha ofrecido pagar los bonos a su valor nominal, el cual es ahora minúsculo después de la considerable inflación y devaluación. El máximo tribunal del país, en 2013, ratificó un fallo anterior que exigía un valor ajustado, pero permitió que el gobierno pagara menos de lo que sus acreedores pedían, quizás unos u$s 400 millones en muchos años. Los acreedores dicen que valen alrededor de u$s 5.100 millones.


No obstante, después de que surgieron preocupaciones locales sobre cómo la Corte Constitucional llegó a su decisión, Gramercy ha decidido intensificar su campaña para que los viejos bonos en mora sean reemplazados por nuevos bonos soberanos a largo plazo, argumentando que esto aumentaría sólo modestamente la deuda del país.


"Si la administración del presidente Ollanta Humala sigue negándose a comprometerse, nos veremos obligados a emprender nuestros propios recursos legales, los cuales incluyen una demanda internacional contra el Perú conforme el Acuerdo de Promoción Comercial entre Perú y Estados Unidos, aseguró Taylor.


La campaña de Gramercy surge en un momento delicado para Perú. El país está luchando para revertir la desaceleración de su economía basada en las materias primas y con disturbios violentos en áreas debido al rechazo a grandes proyectos mineros. También está tratando de mantener su credibilidad como estrella regional durante las reuniones anuales del Fondo Internacional Monetario y el Banco Mundial, que comenzaron en Lima esta semana.


Sin embargo, un importante funcionario del área financiera de la administración de Humala restó importancia a las amenazas de Gramercy. "Éstos son bonos emitidos bajo las leyes peruanas y el fallo del más alto tribunal ordena pagar con cierta metodología, y eso estamos haciendo incuestionablemente", dijo.


"Evidentemente hay algunos bonistas a los que les gustaría que se les pague distinto, pero Perú está siendo absolutamente respetuoso de su legislación". Si Gramercy quiere tomar medidas, agregó la fuente, "tendrá que hacerlo conforme a la legislación peruana".