Un tribunal de Nueva York anuló una multa de aproximadamente u$d 500 millones contra Donald Trump en un histórico caso civil de fraude, al dictaminar que una de las sanciones civiles más severas en la historia de Estados Unidos era excesiva.
Los jueces del segundo tribunal de apelaciones más alto de Nueva York señalaron el jueves que estaban revocando una "orden de restitución", en un caso que giraba en torno a acusaciones de que Trump y personas vinculadas a él inflaron fraudulentamente el valor de activos inmobiliarios en representaciones a los bancos.
"Si bien el alivio por mandato judicial ordenado por el tribunal está bien diseñado para frenar la cultura empresarial de los acusados, la orden de restitución del tribunal... es una multa excesiva que viola la Octava Enmienda de la Constitución de Estados Unidos", escribió el juez Peter Moulton en una opinión en la que otros magistrados coincidieron total o parcialmente.
El panel de apelación no anuló el veredicto del tribunal inferior que en 2024 encontró a Trump y a otros acusados -incluidos sus hijos mayores, compañías y algunos de sus ejecutivos- responsables de fraude civil.
Aun así, la decisión representa una victoria política para Trump en lo que había sido uno de sus problemas legales pendientes, después de que otros casos en su contra fueron descartados o descarrilados tras su regreso a la Casa Blanca.
"¡VICTORIA TOTAL en el FALSO caso de la Fiscal General del Estado de Nueva York, Letitia James!", escribió Trump en su plataforma Truth Social poco después de conocerse la decisión judicial. "¡¡¡UNA GRAN VICTORIA PARA ESTADOS UNIDOS!!!"
Letitia James, la fiscal general de Nueva York que presentó el caso original, dijo que apelará el fallo ante el tribunal superior del estado.
En un comunicado, señaló que el tribunal "confirmó la conclusión bien fundamentada del tribunal de primera instancia: Donald Trump, su empresa y dos de sus hijos son responsables de fraude".
"No debe perderse en la historia: otro tribunal más ha dictaminado que el presidente violó la ley, y que nuestro caso tiene mérito".
Trump y sus negocios fueron hallados inicialmente responsables de inflar el valor de edificios residenciales y de oficinas, hoteles y campos de golf en cientos de millones de dólares en solicitudes de préstamos.
El tribunal determinó que esas valoraciones ayudaron a Trump a obtener préstamos en condiciones más favorables de entidades como Deutsche Bank, lo que en efecto perjudicó al prestamista, aunque los préstamos se devolvieran en su totalidad y los bancos no presentaran quejas.
Moulton señaló que "aunque ciertamente hubo perjuicio, no fue el daño cataclísmico que pueda justificar una multa de casi medio millardo de dólares a favor del estado".
Agregó que, si bien la fiscal general puede "vigilar el comportamiento del mercado" y lo hizo en este caso, "el estado no tiene derecho a sumar a su victoria una multa punitiva masiva".
James presentó la demanda tras prometer durante su campaña para el cargo que enfrentaría a Trump, y en el proceso se convirtió en una de sus principales enemigas políticas.
Ha estado en la mira política de Trump desde su regreso a la Oficina Oval en enero y es una de las tres funcionarias públicas a las que la administración de Trump ha acusado de fraude hipotecario, una acusación que ella niega.
"Claramente, el objetivo final [de James] no era la ‘higiene del mercado'... sino la higiene política, que culminaba con el descarrilamiento de la carrera política del presidente Trump y la destrucción de su negocio inmobiliario", dijo el juez David Friedman en una opinión que formó una sección separada del fallo y que fue más allá que los demás integrantes del panel que consideró el caso.
Trump sostuvo durante toda su campaña que el caso de fraude era una "caza de brujas política" que equivalía a una interferencia en las elecciones presidenciales de 2024.
