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Alerta en Perú: declaran el estado de emergencia ante el recrudecimiento de las protestas

Los militantes del detenido expresidente Pedro Castillo protagonizaron violentas manifestaciones en el sur del país.

El frágil gobierno interino de Perú declaró este miércoles el estado de emergencia nacional durante 30 días en un intento de sofocar las violentas protestas que estallaron tras el fallido intento del expresidente Pedro Castillo de hacerse con poderes extraordinarios la semana pasada.

El ministro de Defensa, Alberto Otárola, anunció que la policía y el ejército garantizarían el orden público en la nación andina para detener "los actos de violencia y vandalismo". Los derechos de los peruanos a reunirse y circular libremente quedarían suspendidos, pero las autoridades aún no han decidido si impondrán un toque de queda, dijo en conferencia de prensa.

El martes ya se había ordenado a las tropas que tomaran el control de aeropuertos e infraestructuras clave, como represas hidroeléctricas, tras las violentas manifestaciones de militantes de Castillo, en las que murieron siete personas y cientos resultaron heridas.

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Castillo trató de adelantarse el 7 de diciembre a un intento de destituirlo por corrupción cerrando el Congreso de Perú, tomando el control del poder judicial y gobernando por decreto. El ejército, la policía y su propio gabinete se negaron a apoyarlo y fue detenido horas después tras huir del palacio presidencial.

Como vicepresidenta de Castillo, Dina Boluarte condenó rápidamente su intento de usurpación del poder y, de acuerdo con la Constitución, asumió como su sucesora unas horas más tarde, después de que el Congreso destituyera a Castillo por una abrumadora mayoría de 101 votos a favor y 6 en contra.

La Corte Suprema de Justicia estaba estudiando una solicitud de la fiscalía para prorrogar la detención de Castillo hasta 18 meses en espera de juicio por los cargos de conspiración y rebelión, después de que estuviera a punto de expirar una detención inicial de siete días, infomó RPP. Castillo declaró en su audiencia que había sido detenido "injustamente" y negó haber cometido los delitos.

El Consejo de Estado de Perú, que agrupa al Congreso, la presidencia, la legislatura y otras instituciones clave, emitió a primera hora de este miércoles una declaración conjunta en la que respaldaba a Boluarte y pedía el restablecimiento inmediato de la ley y el orden.

Desde su celda, Castillo ha convocado a manifestaciones en favor de su liberación, tuiteando que ha sido "humillado, maltratado y secuestrado" y describiendo a Boluarte como una "usurpadora" que no es más que los "mocos y babas de la derecha golpista".

Desde el domingo, varios miles de manifestantes han estado bloqueando rutas, principalmente en el sur del país, en apoyo del expresidente destituido. Algunos residentes se han quejado de problemas con el suministro de agua y alimentos, y los analistas temen que una interrupción prolongada pueda afectar a las exportaciones de cobre, del que Perú es el segundo productor mundial.

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Hasta ahora, Lima no se ha visto seriamente afectada por los disturbios. El aeropuerto de Cuzco se cerró por tercer día debido al temor a las protestas y las tropas han custodiado los edificios públicos en Arequipa. Según RPP, 13 de las 24 regiones de Perú se han visto afectadas por manifestaciones y cortes de rutas.

Los embajadores de Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido se han reunido con Boluarte para expresar su apoyo al gobierno. La dirigente interina ha intentado calmar la crisis ofreciendo adelantar dos años las elecciones presidenciales y parlamentarias, a abril de 2024. Este miércoles, sugirió que incluso podría celebrarse una nueva votación dentro de un año.

En Washington, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, elogió a las instituciones peruanas y a las autoridades civiles "por salvaguardar la estabilidad democrática", añadiendo: "En lo que respecta a la presidenta peruana Dina Boluarte, por supuesto que la reconocemos como tal".

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Sin embargo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, amenazó con un enfrentamiento diplomático al negarse a reconocer a Boluarte, afirmando que, para México, Castillo seguía siendo el líder legítimo de Perú y que había dejado "en suspenso" las relaciones con el país andino.

En una declaración conjunta, López Obrador y sus pares de Colombia, Argentina y Bolivia se refirieron a Castillo como "presidente" y afirmaron que había sido víctima de un " hostigamiento antidemocrático" desde su elección en julio del año pasado.

"Nuestros gobiernos hacen un llamado a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas", señalaba la carta.

Nicholas Watson, director para América latina de la consultora Teneo, dijo que sólo una minoría de manifestantes se había movilizado en apoyo directo a Castillo. "En términos más generales, las protestas están impulsadas por la frustración con toda la clase política", escribió en una nota. "El Congreso es ampliamente visto como profundamente corrupto y es aún más impopular de lo que era Castillo".

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