"A los amigos: justicia y gracia. A los enemigos, la ley a secas". Esa concisa descripción de cómo convertir la justicia en un arma con fines políticos se atribuye a Benito Juárez, un presidente de México del siglo XIX. Pero desde México hasta Argentina, esa frase actualmente todavía define muy bien gran parte de lo que ocurre en Latinoamérica.
La mayor investigación sobre hechos de corrupción de la historia de la región, el escándalo conocido como Lava Jato, que destapó miles de millones de dólares en sobornos pagados por una red de empresas brasileñas, quedó prácticamente destruida por acusaciones de parcialidad política. Los mensajes interceptados entre Sergio Moro, el juez que lleva las causas, y un fiscal sugieren que existió una confabulación apuntada a hacer caer al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
No importa que gran parte de los hechos de corrupción probados en el caso Lava Jato hayan girado en torno a la petrolera estatal Petrobras, entonces conducida por un estrecho aliado de Lula, ni que la operación delictiva haya tenido lugar mientras él era presidente. Cuando un juez del Tribunal Supremo anuló el mes pasado sus propias condenas por corrupción por un tecnicismo, Lula lo describió como unaprueba de que toda la investigación era una caza de brujas.
Definitivamente, la evidencia por la que se condenó a Lula era escasa. Moro se convirtió el mismo en un blanco de ataque cuando aceptó un cargo en el gabinete del presidente Jair Bolsonaro, un líder con poca consideración por la ley. Un fallo judicial posterior también determinó que Moro había mostrado parcialidad en el juicio de Lula. Como resultado de eso, se disolvió toda la investigación del Lava Jato, para deleite del establishment político corrupto y desesperanza de muchos.
Mientras tanto, en México el presidente Andrés Manuel López Obrador intensificó la presión sobre los jueces. El juez de la Corte Suprema Eduardo Medina Mora, ex procurador, fue acusado de lavado de dinero y se le congelaron las cuentas bancarias. Cuando renunció le desbloquearon las cuentas y no se presentaron cargos en su contra. El director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, describió la medida como "una operación mafiosa, más propia de El Padrino que de una república moderna".
Luego, cuando otro juez falló en contra de las apreciadas reformas eléctricas de López Obrador, el presidente pidió a la Corte Suprema que lo investigara. Ahora López Obrador planea un referéndum para preguntarle a la ciudadanía si quieren que se juzgue a los ex presidentes por corrupción y "crímenes neoliberales". Los tribunales obedientes están de acuerdo con la idea.
A la Argentina no le va mucho mejor. El presidente Alberto Fernández planea reformar el poder judicial, pero los críticos ven un intento apenas disimulado de obstaculizar 11 investigaciones de corrupción que recaen sobre Cristina Fernández de Kirchner, la poderosa vicepresidenta y ex presidente del país.
Ella encabeza una campaña en contra de lo que llamalawfare, "la articulación de los medios de comunicación y del poder judicial para perseguir a líderes políticos de los gobiernos que estuvieron en el poder". Pero su definición es selectiva: entre los perseguidos sólo hay líderes de izquierda y amigos, como el ecuatoriano Rafael Correa, que ahora vive en Bélgica tras ser condenado por corrupción. Cuando se trata de políticos de derecha, como el ex presidente argentino Mauricio Macri, Cristina Kirchner y sus aliados del "lawfare" son claros: ellos sí deben ser procesados.
Bolivia es quizás el peor ejemplo reciente. Después de que Jeanine Añez se convirtiera en presidenta interina en 2019, siguiendo la línea de sucesión constitucionalmente establecida, fue criticada, con razón, por los grupos de derechos humanos por hacer lo que parecía ser una persecución política de Evo Morales, su predecesor, y sus colaboradores.
Pero cuando el Movimiento al Socialismo, el partido de Morales, volvió al poder el pasado octubre mediante elecciones libres, se abandonaron esos juicios y la veleta legal giró en dirección a ella. El mes pasado, Añez y otros miembros del gobierno interino fueron detenidos a la espera de un juicio acusados de "sedición y terrorismo", una medida que despertó la preocupación de la ONU. Bolivia es un "caso claro de falta de independencia del poder judicial... Los jueces y fiscales se limitan a seguir la política de quien esté en el poder", dijo Vivanco.
Estos hábitos son endémicos en la región. La recuperación de la democracia en América latina durante la década de 1980 hizo que los militares volvieran los cuarteles. Pero todavía no generó jueces o fiscales totalmente independientes. ¿Lo habría aprobado Júarez, el héroe político de López Obrador?
No, sostiene el historiador Enrique Krauze. Su famosa frase sobre la aplicación de la justicia no fue reproducida correctamente. De hecho, Júarez era un firme defensor de los tribunales independientes. Comprendía, mejor que muchos presidentes posteriores, que para que prospere Latinoamérica hay que administrar justicia y gracia a enemigos y amigos por igual.
Traducción: Mariana Oriolo
