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La regularización de migrantes ha vuelto a situarse en el centro del debate político en España. El Gobierno ha anunciado el inicio de la tramitación de un real decreto para regularizar de forma extraordinaria a personas extranjeras que ya se encuentran en el país, una medida que, según el Ejecutivo, busca dar respuesta a una realidad social y administrativa enquistada desde hace años.
El anuncio, sin embargo, ha provocado un nuevo choque entre partidos. El Partido Popular (PP) ha endurecido su discurso contra la propuesta, a pesar de que hace menos de dos años respaldó en el Congreso la toma en consideración de una iniciativa en esa misma línea. La contradicción ha sido señalada de inmediato por el PSOE, mientras Vox ha anunciado que recurrirá la medida ante el Tribunal Supremo.
El Gobierno defiende una regularización extraordinaria ya en marcha
El Consejo de Ministros ha aprobado el inicio de la tramitación de un real decreto de regularización extraordinaria que permitirá conceder autorización de residencia a personas extranjeras que acrediten al menos cinco meses de permanencia en España. El objetivo declarado del Ejecutivo es regularizar a alrededor de medio millón de personas que ya viven y trabajan en el país, muchas de ellas en la economía sumergida.
Desde el PSOE insisten en que no se trata de una política nueva ni excepcional en la historia reciente. El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha recordado que ya hubo regularizaciones similares en etapas anteriores, incluso bajo gobiernos del Partido Popular. Además, ha rechazado de forma tajante que la medida genere un supuesto “efecto llamada”.
López ha subrayado que la regularización no se dirige a nuevas llegadas, sino exclusivamente a personas que ya se encuentran en territorio español y pueden demostrar su arraigo. En ese sentido, ha defendido que la iniciativa responde a una demanda social sostenida y a una realidad laboral que afecta a sectores clave de la economía.
El PP endurece el discurso y habla de “frivolidad”
El Partido Popular ha optado por un tono muy crítico tras el anuncio del Ejecutivo. Su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, ha calificado la regularización como una “frivolidad” y ha acusado al Gobierno de utilizarla como una maniobra política para “desviar la atención” de otros problemas, como los recientes accidentes ferroviarios.
“El PP sigue defendiendo que lo que hay que hacer es regularizar persona a persona”, ha afirmado Muñoz, que también ha cuestionado que el criterio principal sea el tiempo de residencia y no la vinculación con el empleo. A su juicio, la medida supone “un llamamiento a las mafias” y pone en riesgo vidas humanas.
Estas declaraciones han generado una respuesta inmediata desde las filas socialistas, que recuerdan que el propio PP votó a favor de la toma en consideración de una iniciativa de regularización en abril de 2024. Para el PSOE, las críticas actuales evidencian una posición cambiante en función del contexto político y electoral.
Vox recurre al Supremo y eleva la presión política
Más allá del cruce entre PSOE y PP, Vox ha elevado el tono y ha anunciado que recurrirá el real decreto ante el Tribunal Supremo, solicitando la suspensión inmediata de cualquier regularización extraordinaria. Su portavoz parlamentaria, Pepa Millán, ha definido la medida como una “locura” y una “barbaridad”.
Desde Vox sostienen que la regularización supondrá un colapso de los servicios públicos y un ataque a la identidad nacional. Además, han acusado al Gobierno de fomentar el “efecto llamada” y de utilizar la política migratoria con fines partidistas. En su crítica, el partido también ha apuntado al PP, al que acusa de “incoherencia” y de haber contribuido en el pasado al respaldo de políticas similares.
En paralelo, otros grupos parlamentarios han expresado posiciones matizadas. Desde Sumar y Compromís se ha defendido la regularización como una medida “imprescindible”, aunque algunos diputados han lamentado que no se haya tramitado por vía parlamentaria. ERC, por su parte, ha reconocido deficiencias en la forma, pero ha optado por respaldar la iniciativa frente al avance de discursos más duros contra la inmigración.
La regularización de migrantes vuelve así a poner de manifiesto las tensiones políticas en torno a la inmigración, un asunto que combina gestión administrativa, impacto social y cálculo electoral. Mientras el Gobierno avanza en la tramitación del decreto, el debate promete intensificarse en las próximas semanas, tanto en el ámbito institucional como en la opinión pública.
