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El PSOE ha denunciado la existencia de más de un millón de euros gestionados, según sostiene, “al margen de la licitación pública” en el área de Festejos del Gobierno de Ceuta. De ese importe, 445.000 euros corresponderían a contratos adjudicados a cuatro empresas con el mismo administrador en Sevilla, una acusación que el Ejecutivo ceutí rechaza y desmiente.
La formación socialista presentó el resultado de un análisis de decenas de expedientes de contratación del área de Festejos, en el que asegura haber detectado un patrón de actuación que se repite de forma sistemática desde 2023. Además, anunció que trasladará la documentación a la Fiscalía y al Tribunal de Cuentas para que determinen si existe delito en esta forma de proceder.
El PSOE denuncia un patrón de irregularidades en la contratación de Festejos
En rueda de prensa, el PSOE explicó que el análisis de los expedientes revela “irregularidades graves y reiteradas” en la contratación de empresas para las fiestas y eventos de la ciudad, por lo que reclama explicaciones inmediatas al Gobierno de Ceuta.
El secretario de Organización y portavoz socialista, Antonio Coronil, aseguró: “No estamos ante errores aislados ni ante simples deficiencias administrativas, sino ante un patrón deliberado que se ha repetido durante tres años, un reguero de irregularidades que ha costado a las arcas públicas más de un millón de euros y una gestión chapucera de los expedientes”.
Coronil indicó que el PSOE ha descubierto “42 contratos pequeños” y recordó que la ley permite la contratación directa, sin concurso público, cuando el importe es inferior a 15.000 euros y concurren al menos tres empresas distintas mediante la figura del contrato menor.
Las empresas investigadas y el volumen de contratación señalado
Según el análisis del PSOE, la mayoría de los contratos de Festejos desde 2023 -42 expedientes entre los facilitados por el Gobierno- fueron adjudicados de forma reiterada a las empresas Rosado Center, Utre MultiGestión y Verdazul Sostenible, que, según denuncia, pertenecen al mismo administrador único con domicilio fiscal en Sevilla.
La formación añade que las tres sociedades comparten domicilio en una misma calle de Utrera y que sus administradores rotan entre sí, al igual que los contratos adjudicados. A ellas se suma una cuarta empresa, con sede social en Sevilla, pero con los mismos responsables.
Para el PSOE, esta situación apunta a una simulación de competencia entre empresas del mismo grupo, una circunstancia que, según sostiene, la normativa de contratos del sector público contempla como causa de nulidad.
Asimismo, el portavoz socialista denunció que el “hilo conductor” de estas irregularidades sería el asesor de Festejos, Eduardo Ayala, personal eventual de designación directa sin competencias formales en materia de contratación que, según el PSOE, habría actuado de facto como órgano contratante, programando, decidiendo y recibiendo facturas a su propio nombre.
La formación cifra en más de un millón de euros el volumen de contratación de Festejos gestionado al margen de la licitación pública durante los últimos tres años, de los cuales cerca de medio millón habría sido adjudicado a estas empresas.
El Gobierno de Ceuta defiende la legalidad de los contratos
Tras las acusaciones, el Gobierno de Ceuta emitió un comunicado en el que defendió la actuación del área de Cultura y aseguró que las contrataciones “se han llevado a cabo con absoluto respeto a la legalidad vigente y cuentan con los preceptivos informes jurídicos, que avalan tanto el procedimiento seguido como su plena adecuación a la normativa de contratación pública”.
El Ejecutivo ceutí recordó además que el contrato menor “es un procedimiento expresamente previsto en la Ley de Contratos del Sector Público y constituye un instrumento plenamente legal para atender necesidades concretas cuando concurren los requisitos establecidos por la norma. Todos y cada uno de los expedientes tramitados cumplen escrupulosamente dichos requisitos”.
Por último, el Gobierno calificó de “rotundamente falso presentar estas contrataciones como un supuesto abuso de la figura del contrato menor o afirmar la existencia de falta de transparencia”.
