En esta noticia
La financiación autonómica vuelve al centro del debate político en España tras la propuesta presentada por el Gobierno central y el rechazo mayoritario de las comunidades autónomas. En ese contexto, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, trasladó a los territorios que la adhesión al nuevo modelo será voluntaria, un mensaje que busca rebajar la tensión en un escenario marcado por la falta de consenso.
La propuesta se analizó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, reunido en Madrid, donde quedó patente la distancia entre el Ejecutivo y la mayoría de los gobiernos autonómicos. Mientras el Ministerio de Hacienda defiende que el nuevo sistema mejora al actual, gran parte de las comunidades, especialmente las gobernadas por el PP, expresaron su rechazo y cuestionaron tanto el contenido como la forma en que se ha planteado el cambio.
Un modelo voluntario para las comunidades autónomas
Según fuentes del Ministerio de Hacienda, Montero trasladó a los representantes autonómicos que la adscripción al nuevo sistema de financiación autonómica no será obligatoria. Las comunidades podrán elegir entre aplicar el nuevo modelo o mantenerse en el vigente, una posibilidad que, según el Gobierno, ya está recogida en la disposición transitoria tercera de la Ley de Financiación aprobada en 2009.
La diferencia entre ambos sistemas no es menor. De acuerdo con las cifras facilitadas por la propia ministra, el nuevo modelo supondría unos 21.000 millones adicionales en 2027 para el conjunto de comunidades de régimen común, es decir, todas salvo Navarra y el País Vasco, que cuentan con sistemas propios.
Además de la voluntariedad, la vicepresidenta comunicó que se abrirá una ronda de reuniones bilaterales de carácter técnico con las comunidades para profundizar en los detalles del modelo. El objetivo, según Hacienda, es despejar dudas y avanzar en el desarrollo normativo antes de trasladar la propuesta al ámbito parlamentario.
Montero confirma que negociará con todos los partidos
La ministra de Hacienda insistió en que el futuro del nuevo sistema no se decide únicamente en el ámbito territorial, sino en el político. En una rueda de prensa posterior al encuentro, afirmó que se sentará a negociar “con todos los grupos presentes en la Cámara” para lograr la aprobación de la ley orgánica que dé soporte al nuevo modelo.
“Confío en poder llegar a un acuerdo”, señaló Montero, quien pidió a los partidos que no estén convencidos de la propuesta que se abstengan para permitir que avance, al considerar que “este modelo es mejor que el anterior”. La vicepresidenta lamentó que en la reunión con las comunidades se produjera “la repetición de un argumentario político” y subrayó que “nadie ha dicho que este modelo sea peor que el anterior”.
Montero explicó que, tras la fase de trabajo técnico con las autonomías, se redactará el texto legal y, una vez concluido, se abrirá la negociación con los grupos parlamentarios. Recordó además que “la futura ley no la aprueban los territorios, sino los partidos políticos en las Cámaras”, y llamó al PP a reconsiderar su posición.
El calendario político y el rechazo del PP
El Gobierno maneja un calendario ajustado. La intención es que la propuesta llegue al Congreso antes de que finalice el actual periodo de sesiones, con el objetivo de que pueda aprobarse en el siguiente, antes del 31 de diciembre, y entrar en vigor en 2027. Para ello, el texto debería estar en la Cámara antes del mes de junio, de modo que la Mesa pueda calificarlo y se inicie su tramitación.
Mientras tanto, el rechazo autonómico sigue siendo mayoritario. Solo la consejera catalana de Economía y Finanzas mostró públicamente una buena disposición hacia el nuevo sistema. El resto de las comunidades gobernadas por el PP y al menos Castilla-La Mancha, entre las socialistas, expresaron su oposición, además de su malestar por que el anuncio inicial se produjera tras un acuerdo previo con ERC.
En paralelo, el Partido Popular ha decidido trasladar el debate al ámbito local. La formación llevará mociones a todos los ayuntamientos de España para reclamar una financiación local justa y denunciar que el Gobierno aborde únicamente la financiación autonómica sin tener en cuenta a municipios, diputaciones y entidades locales.
Desde el PP se insiste en que “es tan importante la financiación autonómica como la local” y se acusa al Ejecutivo de “ningunear” a los ayuntamientos. La Federación Española de Municipios y Provincias también ha reclamado la convocatoria de la Comisión Nacional de Administración Local y advierte de que los ayuntamientos no renunciarán a ser escuchados en un debate que consideran clave para el funcionamiento del Estado.