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Operadores del mercado inmobiliario y diversas fuerzas políticas coincidieron este martes en señalar que el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026‑2030 tendrá un efecto muy reducido tanto en el funcionamiento del mercado como en la contención de los precios.
Incluso Sumar, socio del PSOE en el Gobierno, ha expresado una fuerte disconformidad con la iniciativa, definiéndola como “muy insuficiente”, tanto por el nivel de presupuesto asignado como por la ausencia de medidas de carácter regulatorio o fiscal.
La postura de Sumar y Podemos
El portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, subrayó que los 7000 millones de euros previstos representan un 30 % menos que los fondos destinados durante el periodo 2009‑2012.
No obstante, valoró positivamente dos disposiciones que considera “fundamentales”: la prohibición de venta de la vivienda protegida y la inclusión de una cláusula destinada a evitar la repetición de presuntos fraudes en los procesos de adjudicación, como el que se investiga actualmente en Alicante.
En la misma línea crítica, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, afirmó en rueda de prensa que el monto total que las administraciones públicas —sumando Estado y comunidades autónomas— destinarán a vivienda hasta 2030 “es el equivalente a lo que gasta España en gasto militar en apenas dos meses y medio”.
El análisis del Partido Popular
Por parte del Partido Popular, el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, encuadró este nuevo plan dentro de lo que, a su juicio, define la política de vivienda del Ejecutivo.
Según afirmó en una entrevista en Radio Nacional, se trata de una estrategia que “hace muchos anuncios, pero la realidad es que esos hechos se traducen a cero”.
Los grandes tenedores y el alcance limitado del plan
Desde el sector de los grandes propietarios, la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquilar (Asval) consideró que el plan supone “un paso en la buena dirección”, aunque advirtió que “su impacto será limitado si no se refuerza la ambición presupuestaria, se desarrolla un modelo sólido de alquiler asequible incentivado y se alinea plenamente con el nuevo marco europeo”.
En un comunicado, la asociación defendió que en muchas ocasiones están “asumiendo de facto una función de escudo social que debería corresponder al Estado a través de un parque público suficiente y adecuado”.
Por ello, remarcan que “cualquier sistema de protección debe ir acompañado de mecanismos de compensación claros, efectivos y dotados financieramente, que garanticen un reparto equilibrado de responsabilidades”.
El sector inmobiliario criticó el plan
La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) también expresó reparos, señalando que la ausencia de un pacto de Estado en materia de vivienda “lastra la eficacia” del nuevo plan. Además, advirtió que la “falta de una dotación económica sólida, debido a la falta de Presupuestos Generales, condiciona la ejecución real y realista de las medidas”.
Según el presidente de la FAI, José María Alfaro, el plan “nace con importantes limitaciones que comprometen su impacto sobre el mercado residencial”. Entre ellas, destacó que “no focaliza de manera suficiente sus recursos ni sus medidas en los mercados tensionados”, especialmente en grandes ciudades y áreas metropolitanas.
El sector de la construcción y los inquilinos advierten que las mejoras se quedarán cortas
Por su parte, la Red de Clústeres de la Construcción de España valoró positivamente el respaldo del plan a la industrialización del sector, aunque advirtió que “las mejoras se quedarán cortas si no se reducen los plazos administrativos y la fiscalidad”.
Desde una postura mucho más crítica, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas calificó el presupuesto como “ridículo” y señaló que, en la práctica, “no permite ampliar de forma significativa el parque público de vivienda”.
Finalmente, esta organización subrayó que el nuevo plan, junto con la creación de Casa 47, configura un modelo basado en la “vivienda concertada, priorizando la gestión privada y externalizada”, que “no saca la vivienda del ciclo especulativo”.