En esta noticia
El Gobierno señaló este viernes la posible inconstitucionalidad de la prioridad otorgada a los españoles en el acceso a ayudas públicas. Este principio, acordado entre Vox y el PP en distintos ejecutivos autonómicos, está siendo impulsado por Vox mientras que el PP lo defiende con matices. A este rechazo se ha sumado también la Iglesia católica, que se ha pronunciado claramente en contra.
Una semana después de que esta medida se incorporara al pacto de investidura en Extremadura, los partidos de izquierda han intensificado sus críticas al concepto de prioridad nacional, especialmente tras repetirse el acuerdo entre PP y Vox en Aragón.
El Gobierno advierte por un posible recurso judicial
Durante esta semana, el Gobierno ha advertido que recurrirá a los tribunales si detecta vulneraciones legales en la aplicación de esta prioridad. El presidente Pedro Sánchez ha reforzado esta postura este viernes, dejando claro que considera la medida contraria a la Constitución.
“Están hablando de crear ciudadanos de primera y de segunda clase, de violar un principio básico de nuestra Constitución como es la no discriminación y la igualdad entre ciudadanos, vivan donde vivan, sea cual sea su origen, su raza, su orientación sexual o su género”, ha afirmado Sánchez desde Chipre, donde además señaló su coincidencia con Amnistía Internacional al considerar que esta política pone en riesgo los derechos humanos.
La Iglesia católica también se opone a la medida
La Conferencia Episcopal Española también ha expresado su rechazo a esta idea. Su secretario general, César García Magán, ha subrayado que para la Iglesia “la dignidad de la persona humana es intocable, irrenunciable y no se puede reducir”, y ha añadido que “cuando se quiere anular, excluir o eliminar al otro, en eso, la Iglesia no está ni puede estar, ni estará nunca”.
El portavoz de los obispos ha recordado además que el cristianismo se fundamenta en el amor al prójimo, concluyendo: “Y el prójimo no es solo el que es de mi partido, no es el que es de mi país, no es el que es de mi lengua, ni siquiera es el que es de mi religión”.
Vox insiste y vuelve a llevar la propuesta al Congreso
Mientras tanto, Vox ha intentado por segunda vez trasladar su concepto de prioridad nacional al ámbito parlamentario nacional, después de que el PP rechazara esta semana su moción al negarse a aprobarla sin modificaciones.
En esta ocasión, Vox registró una propuesta relacionada con el acceso a la sanidad que va aún más lejos, al plantear “proceder a la remigración” de extranjeros que no aporten a la economía, argumentando que “erosionan el estado de bienestar de los españoles”.
Además, su líder, Santiago Abascal, ha señalado desde Ayamonte que la prioridad nacional será un tema “asunto prioritario” y no negociable en cualquier diálogo con el PP sobre la aprobación de presupuestos autonómicos.
El debate interno de Vox acerca de quién es español
La discusión sobre a quién afecta exactamente este principio ha generado discrepancias dentro del propio partido. Mientras que el jueves el portavoz de Vox en el Parlament de Cataluña, Joan Garriga, sostuvo que “es español el nacido de padre y madre española”, el secretario general del partido, Ignacio Garriga, ha matizado este viernes que esa interpretación es incorrecta.
Según él, la ley establece que “es español quien tiene el DNI” y ha recordado que “hay personas que no tienen padre o madre español y acaban siendo españoles”.
El PP defiende la “prioridad legal”
Desde el Partido Popular, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha recalcado que lo fundamental es la “prioridad legal”, frente a la prioridad nacional exigida por Vox como condición para apoyar una ley de vivienda asequible. “Cualquier cosa que esté al margen de la ley no se puede hacer”, ha subrayado.
En la Comunitat Valenciana, donde Vox asegura que este criterio también figura en los acuerdos de legislatura, el portavoz parlamentario del PP, Nando Pastor, ha explicado que el arraigo o la residencia siempre han sido elementos tenidos en cuenta y que su partido estudia la propuesta de Vox para “matizarla y enmendarla”.
Posiciones diversas en comunidades y ayuntamientos
El portavoz del Gobierno valenciano, Miguel Barrachina, ha restado importancia a la polémica al considerar que la prioridad o el arraigo son simples “cuestiones terminológicas”, y ha recordado que gobiernos de izquierda ya defendían ayudas específicas a jóvenes deportistas valencianos, por ejemplo.
En Baleares, el portavoz del Govern, Antoni Costa, ha defendido como “de sentido común priorizar a la gente de aquí” la exigencia de cinco años de residencia legal para acceder a vivienda protegida. En Zaragoza, la alcaldesa Natalia Chueca ha señalado que las ayudas ya se concedían en función del arraigo y de la situación administrativa regular, al margen del origen de las personas, para justificar la aplicación de la prioridad nacional.
A nivel municipal, esta cuestión también ha provocado rupturas entre PP y Vox. Un ejemplo es el Ayuntamiento de Toledo, donde el pleno ha rechazado este viernes una moción del PP sobre la regularización de inmigrantes después de que Vox intentara introducir el concepto de prioridad nacional.
Fuente: EFE.