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La Abogacía del Estado de España ha advertido este martes al Tribunal Supremo de que “resulta materialmente imposible” revisar alrededor de 170.000 expedientes de nuevos electores que han accedido a la nacionalidad española por la instrucción del Gobierno relativa a la ley de nietos, antes del cierre del censo el 1 de enero.
Los servicios jurídicos del Estado han presentado un recurso, al que ha tenido acceso EFE, contra el auto de la Sala de lo Contencioso Administrativo que dejó en suspenso las altas incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), hasta que los consulados acrediten que los nacionalizados cumplen con la condición de ser hijos o nietos de exiliados españoles.
La Abogacía cifra en 168.896 los nuevos electores afectados
El Tribunal Supremo había calculado en 408.262 los nuevos electores vinculados a la ley de nietos, pero la Abogacía del Estado reduce esa cifra a 369.017. De ellos, 168.896 accedieron a la nacionalidad a través de la instrucción que establecía que se “presumirá” la condición de exiliado respecto de los españoles que salieron del país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.
El recurso sostiene que “resulta materialmente imposible certificar en un lapso temporal razonable” que estas personas cumplen con dicha condición antes del 1 de enero de 2027, fecha en la que se cierra el censo electoral para las elecciones autonómicas.
El plazo del 1 de enero de 2027 marca el límite para las comprobaciones
La Abogacía advierte de que, si llegado ese momento no se ha podido certificar la condición de hijo o nieto de exiliado, se estaría limitando el derecho de sufragio de personas que ya han adquirido la nacionalidad española.
Si la revisión no concluye antes del cierre del censo, “existirán nacionales españoles que han adquirido la nacionalidad española con todos los derechos inherentes a los que, sin tacha alguna de ilegalidad por este tribunal, se está cercenando el derecho de sufragio”, señala el escrito presentado ante el Supremo.
El Gobierno cuestiona la suspensión de las altas en el CERA
Los servicios jurídicos del Estado también cuestionan el alcance de la decisión del Supremo y consideran que supone un “exceso”, al entrar a valorar una instrucción que no fue recurrida y que, según la Abogacía, “hace mucho tiempo que es firme”. Además, sostiene que la resolución supone una anticipación del fondo del asunto.
Iustitia Europa y Vox no recurrieron esa instrucción, sino el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) del 16 de julio, que estableció, entre otras cuestiones, que no podía impedir la admisión del voto por correo desde el exterior porque esa decisión excedía sus competencias.
La Abogacía defiende que el efecto sobre el censo es limitado
El Supremo suspendió cautelarmente las altas censales al considerar que el “incremento extraordinario” del CERA derivado de la ley de nietos y de una instrucción posterior podía generar un “peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral”.
Frente a ello, la Abogacía señala que las 168.896 inscripciones representan el 0,44% de un censo de 38,5 millones de electores. Al proyectar sobre esa cifra los 24,6 millones de votos emitidos en 2023, calcula que los nuevos votantes representarían el 0,06%. “La influencia es, como se aprecia, ínfima”, subrayan los servicios jurídicos del Estado.
El escrito también sostiene que “la inscripción en el censo no tiene naturaleza constitutiva, sino declarativa, por lo que el derecho de sufragio se tiene por el simple hecho de ser español”. Por ello, añade que “con ocasión de la revisión de una actuación declarativa, no es posible suspender los efectos de un acto distinto que es el verdaderamente constitutivo: la nacionalidad y cuyo conocimiento corresponde a la jurisdicción civil”, y no a la jurisdicción Contencioso-Administrativa.