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El Tribunal Supremo considera que el “incremento extraordinario” del censo electoral de españoles residentes en el extranjero (CERA) por la ley de nietos, y su posible irregularidad, genera “un peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral”.
Así lo señala en dos autos en los que acuerda suspender cautelarmente, como pedían Iustitia Europa y Vox, las altas en ese censo de los nacionalizados a partir de la ley de nietos, la norma que permite optar a la nacionalidad a hijos y nietos de españoles exiliados por la Guerra Civil y la dictadura. La decisión cuenta con un voto particular discrepante.
Por qué el Supremo considera la ley de nietos como un riesgo para el proceso electoral
Los magistrados sostienen que el censo de residentes en el exterior se ha incrementado en 408.262 electores desde las últimas elecciones generales de 2023 hasta el pasado 1 de julio, un aumento que, advierten, está “en constante aumento”. De ahí que apliquen la medida cautelar tras detectar un “riesgo de alteración del censo electoral” por esa vía.
El tribunal considera que esas altas, registradas según la interpretación que una instrucción del Gobierno hizo de la ley, podrían estar incursas en irregularidad, con efectos sobre la confianza de la ciudadanía en los resultados. Argumenta que es necesario preservar la transparencia del proceso para que prevalezca “la expresión de la voluntad popular”.
Los magistrados admiten que la medida afecta al derecho de participación de esos nuevos censados, pero no la consideran desproporcionada, dado que es temporal y está supeditada a que se dicte sentencia. La decisión, subrayan, no afecta a la obtención de la nacionalidad por la ley de nietos, sino únicamente a su efecto electoral cuando se ha aplicado a través de la instrucción que “presumía” la condición de exiliado para quienes salieron de España entre 1936 y 1955.
El voto particular discrepante
El fallo no fue unánime. La magistrada María Alicia Millán Herrandis firmó un voto particular contrario a las medidas cautelares, en el que destaca que los recursos de Iustitia Europa y Vox no se dirigían a las inscripciones en el censo, sino a una decisión de la Junta Electoral Central que en julio se declaró no competente para analizarlas.
Esta jueza considera, además, que la participación de esos nuevos electores no constituye un “perjuicio irreparable”, sino “la consecuencia ordinaria del reconocimiento de la nacionalidad española”, cuyos efectos subsisten mientras no sean anulados por los cauces legales. Su discrepancia refleja que la propia Sala no comparte de forma unánime la existencia de ese “peligro”.
Perelló defiende a los jueces frente a las acusaciones de actuar por política
El auto llega en un momento de fuerte tensión entre el Poder Judicial y el Gobierno. Precisamente este miércoles, en la apertura del Año Judicial, la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, calificó de “extraordinaria gravedad” acusar a los jueces de actuar por razones políticas, algo que, dijo, “puede llegar a comportar la atribución de una conducta delictiva” y “compromete el Estado de derecho”.
En un acto presidido por el rey y con presencia del ministro Félix Bolaños y del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, Perelló lamentó “las acusaciones generalizadas de que jueces y tribunales adoptan decisiones por razones políticas y no jurídicas”. Reclamó “respeto y lealtad institucional” y advirtió de que “no es admisible que la descalificación pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión”.
“Las resoluciones pueden criticarse, pero con respeto”
La presidenta del CGPJ matizó, no obstante, que las decisiones judiciales sí pueden ser cuestionadas. “Las decisiones de los jueces y magistrados no están sustraídas al debate público”, afirmó, y defendió que “la crítica fundada contribuye a mejorar nuestra Justicia, por severa que pueda ser”. Lo que no admite, subrayó, es que la discrepancia se sustituya por “la atribución al juez de propósitos políticos o ideológicos”.
En clave interna, Perelló también pidió a los jueces “mesura y prudencia” en sus intervenciones y se comprometió a ejercer un papel “imparcial y neutral”, sin ceder a “influencias, presiones ni injerencias de ningún tipo”. Sus palabras llegan después de que el Gobierno haya criticado con dureza tanto este auto sobre la ley de nietos como otras resoluciones recientes, como la relacionada con la investigación por la crisis de Ceuta.
Con información de: EFE
