La crisis de vivienda vuelve esta semana al Congreso de los Diputados con varias iniciativas de los principales partidos. El debate llega en un momento de fuerte tensión social por el precio del alquiler, la falta de vivienda asequible y el pulso entre quienes piden más intervención pública y quienes reclaman más seguridad jurídica para los propietarios. El pleno debatirá propuestas del PP, el PSOE y Sumar, mientras Vox llevará su posición al cara a cara entre Santiago Abascal y Pedro Sánchez. Según el cable de EFE, los partidos volverán a dejar claras sus prioridades en política de vivienda, con la marcha convocada para el próximo domingo en Madrid por el Sindicato de Inquilinas como telón de fondo. El PP abrirá el debate con una proposición de ley orgánica centrada en la ocupación ilegal. La iniciativa ya fue tomada en consideración en el Senado y figura como propuesta del Grupo Parlamentario Popular en la Cámara Alta, según el expediente oficial del Senado. Allí consta que el texto se tramita en la XV Legislatura bajo el título de “Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios”. La propuesta plantea acelerar desalojos cuando no se acredite título para ocupar la vivienda, endurecer penas, modificar el Código Penal, anular el empadronamiento de ocupantes ilegales y permitir el corte de suministros sin que se considere delito de coacciones. Su paso por el Congreso servirá para medir apoyos en una materia que el PP sitúa en el centro de su discurso sobre seguridad jurídica y convivencia vecinal. El PSOE llevará al pleno una proposición no de ley para reforzar la vivienda protegida y blindar su carácter público y permanente. El Grupo Socialista sostiene que su iniciativa busca “reforzar los mecanismos de control y transparencia en la adjudicación de vivienda protegida y garantizar el carácter permanente del parque público”, según explicó en una comunicación parlamentaria publicada el 14 de mayo de 2026. El texto socialista reivindica además la llamada “cláusula antifraude” del nuevo Plan Estatal de Vivienda. Su objetivo, según el PSOE, es “impedir prácticas especulativas y prevenir posibles irregularidades en el acceso a viviendas financiadas con recursos públicos”. La iniciativa también plantea registros públicos de demandantes, inventarios del parque público, más supervisión institucional y auditorías de adjudicaciones y venta de suelo público realizadas en los últimos tres años. Sumar, por su parte, volverá a defender una propuesta más dura contra la entrada de empresas y fondos de inversión en el mercado residencial. Su proposición no de ley plantea prohibir la compra de viviendas por parte de “personas jurídicas, empresas y fondos buitre”, además de derogar de forma urgente la ley que creó las Socimi, según recogió Europa Press en la previa del debate parlamentario. La diferencia entre las propuestas también está en su alcance. Solo la del PP tiene carácter legislativo, mientras que las iniciativas del PSOE y Sumar son proposiciones no de ley, es decir, textos políticos para fijar posición e instar al Gobierno a actuar. Esa distinción importa porque una proposición de ley puede abrir una tramitación normativa, mientras que una PNL no cambia la ley por sí sola. Vox llevará al debate su propia prioridad: la preferencia de los españoles en la adjudicación de vivienda pública. Esa posición será defendida por Santiago Abascal ante Pedro Sánchez, en un contexto donde el acceso a la vivienda se mezcla con inmigración, seguridad y reparto de recursos públicos. El planteamiento busca marcar perfil propio dentro de una agenda dominada por precios, alquileres y parque público. La discusión parlamentaria llega después de varios intentos fallidos de mover piezas en el Congreso. Sumar ya llevó una iniciativa similar el 27 de noviembre de 2025, pero PP, Vox y Junts impidieron su tramitación, según el cable de EFE. Ahora intenta reabrir esa vía mientras negocia con Junts una prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler, una medida pensada para proteger a inquilinos en un mercado tensionado. El resultado de esta semana no resolverá por sí solo la crisis de vivienda en España, pero sí marcará el mapa político de las próximas batallas. El PP quiere colocar la ocupación y la seguridad jurídica en primer plano. El PSOE apuesta por blindar la vivienda protegida. Sumar insiste en limitar el peso de fondos y empresas. Vox busca condicionar el acceso a la vivienda pública. En medio queda el mismo problema de fondo: comprar o alquilar una casa se ha convertido en una carrera cada vez más difícil para millones de hogares.