La política de vivienda volverá a convertirse esta semana en uno de los principales focos de tensión en España. El Congreso debatirá varias iniciativas impulsadas por PP, PSOE, Vox y Sumar que buscan modificar aspectos clave del mercado inmobiliario y del acceso a la vivienda, en medio de un contexto marcado por el aumento de los alquileres, la falta de oferta y las protestas de inquilinos en distintas ciudades. Las propuestas muestran las profundas diferencias entre los partidos sobre cómo afrontar la crisis habitacional. Mientras el Partido Popular apuesta por endurecer las medidas contra la ocupación ilegal y acelerar los desalojos, el PSOE quiere reforzar la protección de la vivienda pública. Sumar insiste en limitar el peso de los fondos de inversión en el mercado inmobiliario y Vox pondrá el foco en priorizar a los españoles en la adjudicación de viviendas públicas. La propuesta más importante de la semana llegará de la mano del PP. El proyecto, que ya avanzó en el Senado y ahora será debatido en el Congreso, plantea una reforma destinada a endurecer la respuesta frente a la ocupación ilegal de inmuebles y a agilizar los procesos de desalojo. Entre las medidas incluidas aparece la posibilidad de exigir un desalojo voluntario en un plazo muy breve y ejecutar posteriormente un lanzamiento forzoso si los ocupantes no presentan documentación que justifique su permanencia en la vivienda. La iniciativa también contempla cambios polémicos, como impedir que un ocupante ilegal pueda empadronarse válidamente en una vivienda y permitir el corte de suministros sin que eso pueda interpretarse como un delito de coacciones. Desde el PP sostienen que la reforma busca reforzar la seguridad jurídica de propietarios y comunidades de vecinos frente al aumento de conflictos relacionados con ocupaciones. El PSOE acudirá al pleno con una propuesta enfocada en blindar el carácter público y permanente de la vivienda protegida. Los socialistas buscan incorporar mecanismos de control y transparencia para evitar maniobras especulativas en inmuebles financiados con recursos públicos. La iniciativa hace referencia además a investigaciones abiertas sobre adjudicaciones de viviendas públicas en municipios gobernados por el PP, como Alicante, Málaga y Logroño. El objetivo del Gobierno es impedir que viviendas construidas con financiación estatal terminen en operaciones privadas o fuera de los criterios sociales previstos originalmente. Por su parte, Sumar volverá a defender restricciones más duras para los grandes actores del mercado inmobiliario. El espacio insistirá con la prohibición de compra de viviendas por parte de empresas y fondos de inversión, además de reclamar la derogación de la ley que regula las Socimi, las sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas. En paralelo, Santiago Abascal protagonizará un nuevo enfrentamiento parlamentario con Pedro Sánchez al defender que los ciudadanos españoles tengan prioridad en el acceso a viviendas públicas frente a extranjeros. El debate llegará además acompañado de presión social en las calles. Para el próximo domingo está convocada una nueva movilización en Madrid por organizaciones de inquilinos, que reclaman medidas urgentes frente al aumento de los alquileres y las dificultades de acceso a la vivienda, especialmente entre jóvenes y familias de ingresos medios.