El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha asegurado que ninguna inversión ferroviaria se ha dejado de ejecutar por falta de presupuestos, pese a que España mantiene las cuentas prorrogadas desde 2023. Sus declaraciones llegan después de los últimos accidentes mortales y en medio del debate sobre la seguridad y el mantenimiento de la red.
Mientras el Gobierno prepara un comité de expertos para analizar la situación del sector, los programas electorales del PP, PSOE, Vox y Frente Amplio (FA) presentan distintas propuestas para mejorar la seguridad ferroviaria.
Aunque las cuatro formaciones coinciden en la necesidad de revisar las infraestructuras y reforzar su mantenimiento, discrepan sobre el volumen de inversión, el modelo de gestión y el papel de las empresas públicas, informó este lunes la agencia de noticias EFE.
Carlos Cuerpo asegura que los presupuestos prorrogados no frenaron las inversiones ferroviarias
En una entrevista en Cope, Cuerpo ha rechazado que la falta de presupuestos haya condicionado las inversiones destinadas al ferrocarril durante los últimos años. Preguntado sobre si la ausencia de nuevas cuentas públicas ha influido en los dos últimos accidentes mortales de la alta velocidad, ha subrayado que se han destinado 5000 millones de euros de fondos europeos a Adif y que la prórroga presupuestaria no ha limitado esas actuaciones.
El ministro también se ha referido al comité de expertos anunciado para analizar la situación del sector ferroviario. Según ha explicado, el objetivo es que sus conclusiones sirvan como punto de partida para un posible pacto de Estado, con medidas destinadas a mejorar la seguridad y las prestaciones del servicio.
En este sentido, ha recalcado que se requieren 19.000 millones de euros en inversiones y mantenimiento durante los próximos cinco años, una cantidad que el Ejecutivo pretende “blindar”. Cuerpo considera que se han realizado numerosas actuaciones en materia de inversión, ampliación de plantillas y seguimiento de las recomendaciones posteriores al accidente de Adamuz (Córdoba), aunque ha advertido de que “hay que dar otro salto”.
El grupo de técnicos tendrá que ayudar a definir un plan de choque a corto plazo para cumplir las recomendaciones surgidas tras los últimos accidentes e incorporar una capa adicional de seguridad. También deberá plantear una agenda que permita avanzar hacia un acuerdo político amplio en esta materia.
El ministro también ha reconocido que los últimos accidentes mortales han afectado a la confianza de los usuarios en el tren. Además, ha explicado que las conversaciones con el sindicato de maquinistas Semaf se han intensificado durante la última semana y media y que se está dando respuesta a reivindicaciones pendientes desde hace años, como los tiempos de trabajo, la comunicación de incidencias y las alertas meteorológicas.
PP y Vox exigen una auditoría ferroviaria antes de definir las inversiones
El Partido Popular y Vox coinciden en reclamar una auditoría del estado de las infraestructuras ferroviarias, aunque plantean objetivos diferentes para esa revisión. El PP propone analizar la situación real de la red para detectar deficiencias, necesidades urgentes e ineficiencias, además de determinar el origen de las más de 1000 limitaciones temporales de velocidad que afectan al sistema ferroviario.
La formación de Alberto Núñez Feijóo considera prioritario recuperar la seguridad y fiabilidad de las infraestructuras existentes antes de impulsar nuevas líneas de alta velocidad. Para ello, plantea un Plan Nacional de Infraestructuras que movilizaría más de 300.000 millones de euros durante 15 años, con participación del sector privado. La iniciativa incluye inversiones en autovías, carreteras, alta velocidad, Cercanías, infraestructuras hidráulicas y energéticas.
Por su parte, Vox también reclama una auditoría de la red ferroviaria para identificar sus deficiencias y establecer responsabilidades por los accidentes de Adamuz y Urda (Toledo). El partido de Santiago Abascal vincula esta revisión a la exigencia de responsabilidades penales por la gestión del sistema y defiende que la seguridad debe ser prioritaria en una red que considera abandonada e infradotada.
Su programa contempla un Plan Nacional de Infraestructuras y la modernización de Cercanías, Media Distancia y las líneas convencionales. Sin embargo, a diferencia del PP y el PSOE, no concreta una cifra de inversión ni una partida presupuestaria específica para mejorar la seguridad ferroviaria. También promete aumentar los recursos destinados a las redes ferroviarias y de carreteras, los puertos y la finalización de las obras pendientes en infraestructuras consideradas estratégicas.
PSOE y Frente Amplio plantean dos modelos distintos para gestionar Renfe y Adif
En el bloque de la izquierda, el PSOE y Frente Amplio coinciden en reforzar la inversión pública y el mantenimiento ferroviario, aunque presentan diferencias importantes sobre la organización del sistema. Los socialistas proponen destinar 19.000 millones de euros entre 2026 y 2030 a la conservación, renovación y seguridad de la red existente, con especial atención a los corredores Atlántico y Mediterráneo.
Su programa también incluye un Pacto de Estado por la Seguridad Ferroviaria y la Atención a las Víctimas, que partiría de un libro blanco o auditoría y se negociaría con afectados, trabajadores, organizaciones sociales y fuerzas políticas. En cuanto a la gestión, el PSOE apuesta por mantener la separación entre Renfe y Adif, consolidar una dirección de perfil técnico en ambas empresas y reforzar las plantillas de mantenimiento y circulación. También plantea ampliar las competencias de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.
Frente Amplio, la coalición de Ada Colau, propone una transformación más profunda del modelo ferroviario. Su principal medida consiste en reunificar Renfe y Adif en un único operador público para coordinar la circulación de trenes y la gestión de las infraestructuras.
Además, defiende una auditoría independiente de toda la red, más inversión en personal y mantenimiento y la recuperación de servicios esenciales que actualmente están externalizados. Otra de sus propuestas es reorientar el gasto en infraestructuras hacia el transporte ferroviario. En concreto, plantea destinar los 13.000 millones de euros previstos para ampliaciones aeroportuarias al mantenimiento de la red y a los servicios de Cercanías.