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La situación judicial de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, ha dado un giro relevante tras la decisión del juez Juan Carlos Peinado. El magistrado ha cerrado la instrucción del caso y ha propuesto que sea juzgada por varios delitos, en una resolución que ha intensificado el debate político en España.
El paso no implica una condena, pero sí marca un momento clave en el proceso. A partir de ahora, las partes deberán pronunciarse sobre la apertura de juicio oral, lo que podría derivar en un procedimiento con jurado popular si el caso sigue adelante.
El juez Peinado propone juzgar a Begoña Gómez por cuatro delitos graves
El juez Juan Carlos Peinado propone juzgar a Begoña Gómez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida, según el auto recogido por EFE.
En su resolución, el magistrado sostiene que existen indicios de que Gómez pudo aprovechar su posición como esposa del presidente para obtener beneficios. En concreto, apunta a la obtención de una cátedra en la Universidad Complutense mediante un “aprovechamiento singular de su posición relacional”.
El juez también afirma que “las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas”, una expresión incluida en el auto que ha generado controversia.
Respecto al delito de corrupción en los negocios, el auto indica que Gómez habría sido “la impulsora de la captación de fondos privados” que, de forma indiciaria, no se habrían destinado exclusivamente a la cátedra, sino que podrían haber terminado en su patrimonio personal.
El auto judicial detalla las acusaciones y el papel de su entorno en la causa
La causa también incluye el presunto uso indebido de recursos públicos. El magistrado propone juzgar a Gómez por malversación, al considerar que habría sido beneficiaria del trabajo de una asesora pagada con fondos públicos para tareas ajenas a su función.
En este punto, el auto sostiene que fue “inductora, cooperadora necesaria y beneficiaria consciente del desvío” de recursos, al haber solicitado y aprovechado la dedicación de una empleada de Presidencia para fines personales.
Asimismo, el juez aprecia indicios de apropiación indebida por el registro como propio de un software desarrollado en el entorno de la cátedra. En cambio, ha decidido archivar el delito de intrusismo profesional, al no encontrar base suficiente para sostener esa acusación.
La investigación también afecta a otras personas del entorno de Gómez, como una asesora y un empresario, contra quienes continúa el procedimiento en relación con parte de los delitos señalados.
El Gobierno cuestiona la decisión judicial y confía en que se revoque
La resolución ha provocado una reacción inmediata en el Gobierno. Desde Moncloa han expresado su “indignación” por el contenido del auto y han considerado que algunas de sus expresiones son “impropias de la democracia, las instituciones y la separación de poderes”.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha mostrado su “confianza absoluta” en que un tribunal superior revoque la resolución. “Donde nada hay, por mucho que se revuelva, nada se podrá establecer”, afirmó en declaraciones recogidas por EFE.
Desde el PP, la valoración ha sido opuesta. Dirigentes de la formación han calificado la situación de “absolutamente increíble” y han puesto el foco en la gravedad política del caso.
El proceso entra ahora en una fase decisiva. El juez ha dado un plazo de cinco días a las partes para pronunciarse sobre la apertura de juicio oral. Si el procedimiento avanza, será un tribunal el encargado de determinar si los indicios señalados se traducen en responsabilidad penal.