En esta noticia
Los inquilinos del Plan Vive han reclamado al Gobierno de España una mayor protección frente a las condiciones de los contratos de alquiler y han pedido revisar los pliegos que regulan el programa de vivienda asequible de la Comunidad de Madrid. La asociación que representa a los arrendatarios denuncia que algunos contratos incluyen de forma obligatoria trasteros y plazas de garaje no divisibles adjudicados a precios “muy por encima del mercado”, lo que, según sostienen, eleva el coste final de los alquileres.
El Plan Vive es el principal programa de la Comunidad de Madrid para ampliar la oferta de alquiler asequible. La Administración cede suelo público a promotoras y gestoras privadas, que construyen y explotan las viviendas durante 50 años a cambio de cobrar rentas limitadas por los pliegos. El programa acumula casi 6500 viviendas entregadas y más de 5300 en construcción, con el objetivo revisado de alcanzar alrededor de 16.500 pisos durante la legislatura, informó la agencia de noticias EFE.
Los inquilinos denuncian precios “muy por encima del mercado”
La Asociación de Inquilinos del Plan de Vivienda Asequible de la Comunidad de Madrid ha trasladado sus reclamos al Congreso y ha solicitado que se revisen tanto las condiciones de los pliegos como la actuación de las empresas concesionarias.
Entre las prácticas que cuestiona la asociación está la inclusión obligatoria de trasteros y plazas de garaje no divisibles dentro de los contratos. Según los inquilinos, estos elementos se adjudican a precios “muy por encima del mercado” y terminan incrementando el importe que deben pagar por sus viviendas.
El presidente de la Asociación de Inquilinos del Plan Vive, Sergio Montero, ha calificado la situación de “fraude” y ha defendido la necesidad de adecuar el concepto de “vivienda asequible” a los salarios reales actuales y de “regular” la vivienda de alquiler asequible.
La propuesta para revisar el funcionamiento del Plan Vive
Las demandas de los inquilinos han quedado recogidas en una proposición no de ley que Podemos llevará a la Comisión de Vivienda del Congreso. El texto reclama al Ejecutivo la revisión de los pliegos y plantea la creación de una mesa de negociación en la que participen las administraciones, las empresas concesionarias y gestoras y la asociación de inquilinos.
La iniciativa también propone reforzar el control público sobre las políticas de vivienda desarrolladas en suelo público. Los inquilinos buscan así que las condiciones de los contratos y el coste efectivo de las viviendas respondan al objetivo de ofrecer alquileres asequibles.
Podemos reclama más control sobre el dinero público
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha sostenido que el Plan Vive es una “estafa” y un “dispendio de dinero público” y que el término de vivienda asequible es una “trampa”, porque “al final la gente está pagando más de lo que pagaría en el mercado libre”.
Belarra ha señalado que ese “modelo” también existe en comunidades gobernadas por el PSOE y ha defendido “fiscalizar este tipo de programas”. En este sentido, ha reclamado que el Gobierno de España supervise el destino de los fondos que aporta al plan y garantice que las viviendas desarrolladas bajo este modelo cumplen efectivamente con el objetivo de ofrecer alquiler asequible.