Conforme a una resolución del Tribunal Supremo español, los gastos comunitarios únicamente pueden ser trasladados al inquilino si así lo establece de manera expresa el contrato de arrendamiento. Este dictamen jurídico tiene repercusiones directas sobre cientos de miles de arrendatarios en todo el territorio nacional. La sentencia, que concluye un extenso proceso judicial en el cual participó la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) y que abarcó diversas instancias, establece por primera vez un marco claro y homogéneo en relación a quién debe asumir tales costos dentro de los contratos de arrendamiento. El Tribunal Supremo ha establecido de manera inequívoca que: Para que estos gastos puedan ser reclamados al arrendatario, es indispensable que el contrato de alquiler: En caso de no cumplirse con estos requisitos, el arrendador no estará facultado para exigir el pago de la comunidad al inquilino, evitando así situaciones inesperadas al momento de afrontar los gastos mensuales. El Tribunal Supremo unificó criterios tras un litigio en el que la EMVS se vio enfrentada a diversas audiencias provinciales y nacionales, que en un principio emitieron sentencias contradictorias en relación con la responsabilidad del pago de esos gastos. La clave del asunto reside en el contenido del contrato. El Tribunal fundamentó su resolución en la interpretación del artículo 20 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1994, el cual establece que: “Para que los gastos de comunidad sean a cargo del arrendatario, deben cumplir las exigencias del artículo 20, que es hacer constar por escrito y determinar el importe anual de los servicios asumidos”. En numerosos contratos contemporáneos, a pesar de incluir la disposición del pago de gastos de comunidad, no se especifica el importe anual, lo que ocasiona incertidumbres respecto a su correcta aplicación.