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La Justicia italiana ordenó intervenir durante un año una sucursal de Revolut por fallos en sus controles antiblanqueo, después de detectar graves deficiencias en los sistemas de prevención del blanqueo de capitales. La investigación apunta a movimientos sospechosos por un total de 76,5 millones de euros que habrían pasado por la entidad.

La medida fue decretada por el Tribunal de Milán y ejecutada por la Guardia de Finanzas, a petición de la Dirección Distrital Antimafia (DDA) de la Fiscalía milanesa. Según los investigadores, las irregularidades habrían permitido que personas investigadas o condenadas por delitos graves, entre ellas algunas vinculadas a entornos mafiosos, utilizaran los servicios del banco digital para mover y ocultar dinero.

La Fiscalía detectó un modelo de gestión que facilitó operaciones por 76,5 millones de euros

La Fiscalía de Milán sostuvo que las deficiencias identificadas en los controles de Revolut no fueron hechos aislados, sino que respondieron a “un modelo de gestión estable”. Este sistema habría facilitado operaciones de traslado, ocultación o distracción de capitales por un importe de 76,5 millones de euros.

Entre las personas que utilizaron los servicios de la entidad había investigados o condenados por blanqueo de capitales y transferencias fraudulentas de fondos. Algunas de las operaciones estaban relacionadas con delitos contemplados en la normativa antimafia o presentaban la agravante de método mafioso.

Además, el análisis de los movimientos financieros permitió identificar que las fallas en los mecanismos de supervisión también facilitaron el traslado de fondos sujetos a medidas cautelares patrimoniales. El importe de estas operaciones superó los 4,6 millones de euros y habría dificultado la localización del dinero por parte de las autoridades.

Según los investigadores, estas transacciones podrían haberse detectado si la entidad hubiera aplicado correctamente los controles antiblanqueo exigidos por la normativa.

La Justicia italiana ordenó intervenir durante un año la sucursal del banco digital en Milán por deficiencias en sus controles antiblanqueo. Imagen ilustrativa.Shutterstock

Más de un millón de presuntas infracciones en los controles de identificación de clientes

La investigación comenzó a partir de dos actuaciones anteriores. La primera fue un procedimiento penal por fraude fiscal en el que se detectó el uso de cuentas de Revolut para cometer delitos tributarios.

La segunda surgió de una inspección antiblanqueo realizada a un proveedor de servicios de activos virtuales perteneciente al mismo grupo bancario. Durante esta actuación, las autoridades detectaron más de un millón de presuntas infracciones relacionadas con las obligaciones de diligencia debida, identificación de clientes y conservación de datos e información.

También se identificaron incumplimientos sistemáticos en la comunicación de operaciones sospechosas, una de las obligaciones fundamentales para prevenir el blanqueo de capitales.

La Fiscalía destacó que, en una entidad bancaria digital con actividad internacional, los sistemas automatizados de control deben ser capaces de recopilar información relevante, generar alertas fiables, permitir comprobaciones reforzadas y detectar patrones de operaciones anómalos.

Los supervisores deberán controlar y corregir las deficiencias detectadas sin afectar a las operaciones habituales de los clientes. Imagen ilustrativa.Shutterstock

Revolut deberá corregir sus sistemas de supervisión durante un año

La intervención judicial tendrá una duración de 12 meses y estará centrada en supervisar y corregir las áreas en las que se detectaron las deficiencias.

El tribunal precisó que las funciones y facultades de los administradores judiciales se concentrarán exclusivamente en las áreas de control afectadas. Por lo tanto, la medida no modificará la operativa habitual de los clientes de la entidad ni implicará la interrupción de sus servicios bancarios.

Por su parte, Revolut aseguró que toma nota de la decisión del Tribunal de Milán y que “colaborará plenamente” con las autoridades italianas, según declaró un portavoz de la entidad a medios italianos.

La investigación pone el foco en los mecanismos de prevención del blanqueo de capitales de la entidad, que opera a escala internacional y cuenta con autorización del Banco Central Europeo (BCE) a través de su estructura bancaria lituana.